El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se adhiere así a la iniciativa en la cual se insta al Gobierno para que desista al recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña, que establece la estructura de un Código Civil propio de la Comunidad Autónoma.
También se refiere al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2002, de 5 de julio, de Derechos Reales de Garantía, que regula dos formas específicas de adquirir una propiedad.
Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se considera que los recursos usan “argumentos reduccionistas del concepto de Derecho civil catalán” y hacen una “interpretación restrictiva” del concepto de competencia exclusiva de la Generalitat” en esta materia.
Además, la Junta del Colegio ha acordado pedir al Gobierno de Cataluña que emprenda todas las acciones necesarias y que adopte todas las medidas conducentes a preservar la identidad del Derecho Civil catalán, defendiendo y manteniendo las leyes mencionadas, y especialmente, que impulse las iniciativas legislativas apropiadas para completar la redacción del Código Civil de Cataluña.
