Estas organizaciones denuncian que la reforma supone un paso más en el establecimiento de un tratamiento jurídico diferenciado para los inmigrantes, alejándose cada vez más del principio de igualdad de trato.
Asimismo, consideran que la reforma pretende instaurar un marco legal en el que se eliminan, para los extranjeros y los españoles legitimados en los procedimientos de extranjería, principios y garantías básicos del ordenamiento jurídico y que son claves en un estado de derecho.
Las organizaciones afirman que era necesario un periodo previo de consultas con diferentes agentes sociales, con la finalidad de haber realizado un balance previo del periodo de aplicación de la legislación vigente y, en este sentido, consideran que el Ejecutivo no se ha preocupado de buscar ese acuerdo ya que, entre otras instituciones, se ha prescindido de las consultas al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
