El Proyecto se enmarca dentro de la política de equilibrio de las cuentas públicas que define la Ley de Estabilidad Presupuestaria y comparte con esta última los principios de transparencia, eficacia, igualdad, publicidad y objetividad.
El Proyecto de Ley, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, incide en la mejor asignación y gestión del gasto público, lo que permite centrar los esfuerzos en la mejora de la protección social y de las políticas de gasto que favorecen la creación de empleo y el crecimiento económico.
El Proyecto de Ley establece la creación de una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones que concedan las Administraciones Públicas, lo que permitirá la coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en este ámbito.
Además, indica que las Administraciones que concedan la subvención deberán hacerla pública y de forma detallada en el órgano oficial correspondiente.
El texto del Proyecto de Ley determina que los órganos que conceden subvenciones tendrán que elaborar Planes Estratégicos en los que se definan objetivos, plazos, costes, fuentes de financiación y prioridades de las subvenciones concedidas.
El Proyecto de Ley también supone avances en el proceso de concesión de subvenciones. Así, se podrá establecer una fase de preevaluación de solicitudes, de modo que en la fase definitiva, de evaluación, sólo estén los solicitantes que hayan cumplido los requisitos administrativos.
Asimismo, dentro de esta agilización en la concesión de subvenciones, los beneficiarios no tendrán que aportar documentos que ya tenga la Administración y la presentación de solicitudes y su tramitación administrativa podrá hacerse por vía telemática.
La nueva norma incluye una clara tipificación de las infracciones y establece sanciones graduales en función de la infracción e introduce importantes novedades en el ámbito de la seguridad jurídica.
