La Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo, tiene por objeto establecer y regular el régimen jurídico al cual tiene que ajustarse la actividad de la Administración de la Generalidad en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.
Para el cumplimiento de estos objetivos la Ley 26/2001 prevé la creación de la Comisión Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo, de la Comisión de Coordinación con los Entes Locales y del Consejo de Cooperación al Desarrollo, como órganos de coordinación y colaboración y órganos consultivos de la Administración de la Generalidad.
El Decreto 105/2003 tiene como objetivo establecer las bases para la articulación de procesos ágiles y flexibles que permitan desarrollar con eficacia y coordinación la política de cooperación al desarrollo de la Generalidad.
Para lograr este objetivo, el Decreto autonómico regula los órganos de coordinación y colaboración y órganos consultivos que establece la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo.
La Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación al desarrollo de Cataluña puede consultarse en el Libro Séptimo del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
