Los objetivos de esta norma básica son prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar los riesgos y reducir los daños en la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como para proteger el derecho a la intimidad de las personas y el disfrute de un entorno adecuado.
La futura Ley transpone la Directiva comunitaria sobre ruido ambiental y promueve activamente mecanismos para mejorar la calidad acústica de nuestro entorno.
El Proyecto establece que la Ley se aplicará a todos los emisores acústicos, es decir, actividades, infraestructuras, equipos, maquinarias o comportamientos que generen contaminación acústica.
Entre las novedades que introduce el Proyecto de Ley se encuentra la realización de mapas de ruido para disponer de información uniforme sobre los niveles de contaminación acústica en los distintos puntos del territorio.
La nueva Ley creará, entre otras, la figura de Zonas de Servidumbre Acústica, que serán aquellas situadas en el entorno de las infraestructuras y equipamientos públicos.
En cuanto al régimen sancionador, el Proyecto de Ley establece, para el caso de infracciones muy graves, multas de hasta 300.000 euros y clausura de las instalaciones emisoras del ruido sancionado.