Paralelamente, el Gobierno catalán presentará una demanda civil contra Manuel Jiménez de Parga y pedirá su recusación en todos los procedimientos en los que sea parte la Generalitat y subsidiariamente en los que actualmente se tramitan en el Tribunal Constitucional.
A juicio del Ejecutivo catalán, las palabras del Presidente del Tribunal Constitucional y sus posteriores intervenciones ratificando sus declaraciones son “impropias de su cargo” y pueden comportar “una infracción de las obligaciones inherentes” del puesto afectando al deber de ejercer su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad.
