La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que las administraciones de las comunidades autónomas fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos.
El Decreto 4/2003 fija este calendario y en él se comprenden los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración local correspondiente a su ámbito territorial.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común puede consultarse en el Libro Séptimo del Repertorio de Legislación vigente de Iustel.
