La previsión recogida en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de establecer la inmediata ejecución de las sentencias puede tener consecuencias graves como puede ocurrir en aquellos casos que afectan directamente a periodistas o medios de comunicación y que puede, incluso, derivar en el cierre de estas empresas.
Desde sectores jurídicos se aboga por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos supuestos derivados y relacionados intrínsicamente con la práctica de derechos fundamentales, como la libertad de expresión o de información.
La actual redacción de dicha Ley pende como una amenaza sobre varios medios de comunicación, de economía modesta e incursos en procesos judiciales que, de ejecutarse sin esperar a la sentencia firme, puede abocarles a la desaparición.
La tesis a favor de una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil es avalada por vocales del Consejo General del Poder Judicial que defienden que cuando la sentencia se refiera a un derecho fundamental, como la libertad de expresión e información, se debería excepcionar el régimen de la ejecución provisional de la resolución.
