Los vocales Josep Alfons López Tena y María Ángeles García anunciaron votos particulares al atribuir dicha Ley al Consejo de Ministros, y no a los jueces, el requerimiento de inhibición a la Corte Penal Internacional de determinadas causas.
El informe, aprobado por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, aboga porque el Consejo de Ministros deba solicitar un informe al juez antes de decidir si requiere la inhibición de la Corte en el caso de delitos cometidos en territorio español, o por españoles, ya que sería preferente la jurisdicción de los tribunales españoles.
El Consejo General del Poder Judicial entiende que la nueva Ley debe contemplar la posibilidad de que el juez plantee la correspondiente cuestión de competencia a la Corte Internacional si piensa que la jurisdicción española es preferente.
