El volumen alcanzado por la gestión encomendada a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia de las transferencias de competencias hacen preciso adoptar medidas complementarias que permitan afrontar las nuevas necesidades que demanda la organización.
Por ello, el Decreto 349/2002 revisa la organización, funcionamiento y competencias de la Inspección General de Servicios en términos que, sin merma de las tradicionales funciones de inspección y control interno de los servicios que son inherentes a la misma, permiten extender sus áreas de actividad de acuerdo con los nuevos servicios.
