Al amparo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario se constituyeron en Andalucía numerosas explotaciones agrarias adjudicadas a agricultores, en régimen de concesión administrativa con acceso a la propiedad.
No obstante, existen situaciones de hecho generadas por el incumplimiento de los titulares de las concesiones administrativas de la obligación de cultivar directamente las tierras concedidas, en beneficio de terceras personas a las que cedían sin autorización la explotación agraria.
El Decreto 293/2002 se dicta con la finalidad de regularizar esta situación y cerrar definitivamente estas actuaciones, mediante la transferencia del dominio de dichos bienes o, en su caso, recuperando la plena disponibilidad de los mismos.
Por lo tanto, el Decreto tiene por objeto establecer el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y sus bienes inmuebles afectos, de titularidad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, previa regularización de la situación administrativa de sus ocupantes.