Esta Ley regulará las relaciones entre la Corte Penal y los distintos órganos españoles con competencia en esta materia y establece la posibilidad de que España reciba en sus cárceles a condenados por este Tribunal internacional.
La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los delitos de genocidio, asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación y crímenes de guerra. La futura Ley regulará la solicitud de España a la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación sobre hechos de su competencia y la inhibición de la jurisdicción española a favor de ese Tribunal.
El Proyecto de Ley regula con particular cuidado el llamado mecanismo de activación a través de la denuncia por España de una situación que podría ser de la competencia de la Corte Penal.
De hecho, la memoria justificativa del Proyecto de Ley sostiene que la denuncia debe ser una competencia exclusiva del Gobierno pues deben ponderarse no sólo datos jurídicos, sino políticos.
Respecto a las alegaciones del detenido para no ser entregado a la Corte Penal Internacional, la futura Ley establece unos criterios muy restrictivos apartándose de los modelos clásicos en materia de extradición ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega.
