La querella, motivada por el auto que suspende las actividades políticas de Batasuna, se ha registrado ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tras la decisión que adoptó el Gobierno Vasco el pasado 17 de septiembre.
Esta querella se basa en que la actuación del Magistrado ha generado una situación de inseguridad jurídica, que “vacía de contenido las atribuciones que la legislación confiere al Departamento vasco de Interior” y que “supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna”.
El Ejecutivo de Vitoria advierte en su querella de que la citada restricción contradice, tanto las normas aplicables del ordenamiento jurídico en vigor, como la interpretación que sobre las limitaciones del derecho impone la Convención Europea de los Derechos Humanos.
A juicio del Ejecutivo autónomo, esa vulneración se está llevando a cabo “fuera de los cauces legales y sin observancia de las garantías mínimas establecidas para proteger un derecho fundamental que es básico para una sociedad democrática”.
En este sentido, el Gobierno vasco ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que actúe y abra diligencias contra el Juez Baltasar Garzón, a quien ha acusado de usar políticamente la Justicia.
