Los abogados se están sumando cada vez con más frecuencia a la obtención de certificaciones de calidad en la gestión de sus bufetes. Los despachos han optado por prestar sus servicios bajo la estructura de empresas, por lo que el abogado ya no debe preocuparse sólo de asesorar a sus clientes, sino que tiene que realizar la gestión de una serie de recursos necesarios para prestar estos servicios.
La guía que ha elaborado la Asociación española de normalización y certificación para los despachos profesionales en general promueve un modelo de calidad basado en “la gestión de los procesos”.
La norma de calidad establece que cada dos años se revise el certificado, cada año se fijen nuevos objetivos y además, el certificado obliga a efectuar evaluaciones de satisfacción a clientes y al personal.
Los impulsores de esta guía consideran que la mayoría de los despachos deberían implantar una norma de calidad, en concreto todos los que tengan más de cinco profesionales.
Entre las ventajas que destaca la guía una vez que se implante la norma de calidad en los despachos se encuentra la facilidad de aprender de la experiencia de resultados anteriores para planificar mejor y la posibilidad de proporcionar confianza al cliente.
Sin embargo, también existen algunos inconvenientes como los costes internos de la implantación de la norma de calidad. Los despachos profesionales que pretendan conseguir la certificación de calidad tendrán que realizar un esfuerzo adicional que englobe el control de la documentación, de los registros, la realización de una auditoría interna, acciones correctivas y preventivas.
