Las Cámaras aseguran que la imposición de tasas judiciales para las empresas que acudan a los Tribunales a dirimir sus conflictos no es el medio más adecuado para reducir los litigios ni descongestionar los Juzgados.
Por el contrario consideran que esta medida encarecería aún más los procedimientos y discriminaría a las empresas a la hora de acceder al derecho constitucional de Administración de la Justicia.
Para las Cámaras de Comercio, la Justicia es un servicio público y la tutela judicial real y efectiva depende de que todas las personas puedan obtener Justicia en igualdad de condiciones, sea cual sea su naturaleza jurídica o situación económica.
Consideran las Cámaras de Comercio que existen determinadas situaciones empresariales -como las quiebras o las suspensiones- en las que el proceso judicial se convierte en una carga adicional a los gastos que debe afrontar la empresa, especialmente cuando se trata de pymes.
Frente a la idea de las tasas, las Cámaras proponen otras medidas para agilizar la Justicia, como la creación de Tribunales especializados en materia mercantil y la promoción del uso de soluciones extrajudiciales a los conflictos como el arbitraje.
