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  • EDICIÓN DE 19/09/2002
 
 

SE PONE EN MARCHA LA CARTA DE DERECHOS DEL CIUDADANO

19/09/2002
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El Ministerio de Justicia, los grupos políticos integrantes del Pacto de Estado y representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Abogacía y los procuradores acordaron impulsar la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia para dotarla de eficacia cuanto antes.

Se acordó constituir, en el plazo de un mes, un grupo de trabajo que elabore un plan integral para la ejecución de la Carta de Derechos al que se sumarán las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia y las distintas asociaciones de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios.

Como consecuencia de la Carta de Derechos, está prevista la creación de nuevas oficinas de atención al ciudadano y a las víctimas de delitos en todas las capitales de provincia y en los grandes núcleos de población, así como la potenciación de los servicios de orientación jurídica de los Colegios de abogados para informar al ciudadano de sus derechos.

En este sentido, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la Justicia también ha acordado la creación de un Observatorio sobre el maltrato familiar integrado por miembros de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y de Asuntos Sociales para fortalecer la formación de los jueces y fiscales en esta materia.

Asimismo, se pretende elaborar un programa de previsiones sobre la duración y coste de los procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales y la puesta en funcionamiento de la Justicia electrónica, mediante un Plan de Modernización Tecnológica. Además, se creará una comisión para modernizar el lenguaje de los Tribunales.

En cuanto a las medidas para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia gracias a las nuevas tecnologías, se establecerá un nuevo sistema para que el ciudadano formule de forma ágil sus quejas por vía telemática, así como, un catálogo general de formularios a través de Internet.

También se preparará una guía de buenas prácticas sobre el tratamiento de los menores de edad por los juzgados y tribunales y un manual para mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas discapacitadas a la Justicia.

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