El Decreto se dicta con el objetivo de facilitar y simplificar a los ciudadanos el proceso de legalización de documentos administrativos que deban surtir efectos en el extranjero, y en consonancia con la petición que, en este sentido, ha realizado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Decreto 101/2002 destina una unidad en el ámbito de la Administración Autonómica para el reconocimiento de firmas de las autoridades y funcionarios de dicha Administración.
Los principios generales en que se basa el Decreto 101/2002 son los de eficacia y transparencia en el procedimiento administrativo, y en este sentido, asigna a un solo órgano el reconocimiento de firmas de las autoridades y funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Los documentos administrativos a los que se refiere el Decreto son los emitidos por órganos de la Administración autonómica de las Islas Baleares o entidad pública de ella dependiente, cuyo reconocimiento de firma no se rige por normativa específica propia.
