El Decreto trata de actualizar el Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2002-2005 aprobado mediante Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo.
Para ello, concreta las medidas aplicables al territorio autonómico teniendo en cuenta tanto las particularidades poblacionales como la coyuntura del mercado inmobiliario en cada área geográfica, fijando, en cada caso, los precios máximos de venta y renta.
A su vez, incluye el Decreto 66/2002 un conjunto de medidas de iniciativa autonómica para responder a las necesidades reales detectadas en cada una de las zonas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
También trata el Decreto autonómico la promoción de viviendas protegidas de régimen especial, exigiendo unos requisitos mínimos de calidad en la construcción de este tipo de viviendas, considerando las instalaciones de calefacción como obligatorias para todas.
Se prevén, en este sentido, medidas de inspección y control administrativo para el cumplimiento de los requisitos mínimos que el Decreto 66/2002 establece concretamente sobre cada una de las actuaciones protegidas.
Además el Decreto facilita la accesibilidad a la vivienda a la población más necesitada de Cantabria y prevé la existencia de ayudas a los sectores sociales con mayores dificultades y necesidades, como los jóvenes, familias numerosas, mujeres maltratadas, discapacitados y mayores de 65 años.
En el Decreto 66/2002 se produce una refundición normativa, integrándose en él los Planes Autonómicos de rehabilitación y de ayudas para la adquisición de suelo para viviendas de protección oficial con la finalidad de recoger en un solo texto normativo la totalidad de las ayudas públicas en materia de vivienda y suelo en Cantabria.
Para lograr estos objetivos el Decreto adopta la figura de la vivienda protegida, regula una mayor estabilidad en el sector inmobiliario, potencia la accesibilidad a la vivienda de sectores sociales con necesidades, define el régimen jurídico de las viviendas protegidas, recoge los requisitos para beneficiarse de las ayudas públicas y prevé el desarrollo de medidas de intervención administrativa.
