TOLEDO, 24 (EUROPA PRESS)
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJCM ha estimado la demanda de conflicto colectivo interpuesto por la representación legal de la Unión Autonómica de CSI.F contra la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Fue el presidente de CSI.F Castilla-La Mancha, Juan Pinilla, quien presentó este conflicto colectivo el 13 de diciembre de 2013, "pidiendo que se declarase el derecho de los profesores de religión a percibir íntegra la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 o, subsidiariamente, la parte proporcional correspondiente a los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012".
Tal y como señala el Alto Tribunal, "el ámbito del conflicto colectivo planteado afecta a la totalidad del colectivo de profesores de religión que presta servicios para la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no disponen de convenio colectivo que les sea aplicable, aunque perciben sus emolumentos del mismo modo y período que el resto del personal docente de dicha Administración".
EL PROCESO NO TENDRÁ COSTAS
Según se desprende de la sentencia del TSJCM, no se establece declaración de costas del proceso. Contra la sentencia cabe recurso ordinario de casación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, tal y como indica la sentencia del Alto Tribunal.
AFECTA A UNOS 900 DOCENTES
Según el sindicato CSI.F, que ha facilitado la sentencia, esta decisión del TSJCM afecta a alrededor de 900 profesores de religión que hay en la región, entre colegios e institutos, los cuales "ven reconocido judicialmente el derecho a la percepción de dicha cuantía", que supone un total de 44 días, es decir, "una cuarta parte de la paga aproximadamente".
Desde CSI.F solicitan a la Junta que "acate de una vez por todas las sentencias que le son desfavorables por la aplicación de la ley en que se suprime la paga extra de diciembre de 2012, y que la haga extensiva a todos los empleados públicos de la Administración, incluidos funcionarios y estatutarios, tal y como ya lo han aprobado los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Canarias", según ha informado este sindicato en nota de prensa.
Asimismo, solicita que el Gobierno regional "deje de invertir el dinero público en recurrir todas estas sentencias judiciales de manera sistemática y con fines dilatorios, y lo destine a devolver a los empleados públicos lo que les corresponde por ley y por mandato judicial".
Para este sindicato, "este derecho es un clamor ante las diferentes resoluciones judiciales que se están produciendo en el conjunto del Estado" y, por este motivo, solicitan que se le abone esa parte de la paga extra al resto de empleados públicos de esta Comunidad, "como ha ocurrido en otras comunidades autónomas".
