Un total de 577 víctimas de accidentes de tráfico ha sido atendidas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, dependientes del Ministerio de Justicia, desde el año 2018 hasta el 16 de septiembre de 2022.

El Tribunal Supremo revisará el concepto de "acoso sexual" que recoge la Ley de Igualdad Efectiva para precisar "si tiene que concurrir una solicitud de favor sexual" o si bastan "actitudes ambiguas" para que se considere una "falta muy grave" en el caso de los empleados públicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado a cinco años de inhabilitación al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, por un delito de prevaricación judicial por el que fue juzgado hace dos semanas, por dictar resoluciones en prejuicio de un abogado se querelló contra él, junto al Colegio de la Abogacía de la comunidad autónoma.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha remitido un cuestionario a los más de 8.600 funcionarios de los órganos judiciales andaluces sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para determinar las medidas a adoptar en su Plan de Igualdad en la Administración de Justicia, un documento que será pionero en este área, tras haber abordado ya un estudio previo de carácter cuantitativo que determina que el 68% del personal funcionario de Justicia es mujer.

Más de 17.000 parejas andaluzas se divorcian cada año y alrededor de la mitad tiene hijos menores en común. De ellas, hay un 5% donde las disoluciones matrimoniales son conflictivas y los cónyuges acaban "inmersos en una espiral de litigios" que afecta a los niños.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia previa, que avala una amonestación escrita de la empresa de transporte de viajeros por autobús Casal a uno de sus empleados, presidente del comité de empresa a la fecha de los hechos, por "indicios" de un caso de "acoso" laboral denunciado por un conductor de la entidad adscrito a la unión temporal de empresas (UTE) participada por la empresa, para la prestación del servicio de la línea de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) correspondiente a Torreblanca.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en materia sanitaria realizada por un paciente que perdió uno de los dedos de una mano tras una intervención quirúrgica realizada en el centro sanitario concertado COSAGA-Clínica Santa Teresa de Ourense.

Iustel presenta, dentro de su área editorial, la obra “La singular refundición del Derecho de la insolvencia. El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal” que aborda un estudio diacrónico de nuestro Derecho de la insolvencia, propuestas de iure condendo incluidas; y un análisis contextualizado de la ejecución de la delegación legislativa que da vida jurídica al Real Decreto Legislativo 1/2020.

Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 3 de noviembre de 2022). Texto completo.

Orden PCM/1048/2022, de 1 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes (BOE de 3 de noviembre de 2022). Texto completo.

Orden HAP/1533/2022, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/386/2019, de 2 de abril, por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las tasaciones periciales contradictorias (BOA de 2 de noviembre de 2022). Texto completo.

Actividad de Extensión Universitaria organizada a través de las Cátedra Cultural “Francisco Tomás y Valiente” y el Programa Erasmus+, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, que se celebrará en modalidad online el 9 de noviembre de 2022 de 19:00 a 21:00 horas.

Se convoca una beca de formación, de duración anual, para personas con grado en Derecho en la institución del Defensor del Pueblo de Navarra.

Se discute en el presente recurso si el plazo previsto en el art. 209.2 de la LGT para el inicio de un procedimiento sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección; o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria.

El TS estima el recurso interpuesto por los sindicatos recurrentes contra la sentencia de la AN que negó su legitimación para impugnar el despido colectivo de una empresa del grupo UBER, aplicado por la vía de hecho.