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Plan de Igualdad en la Administración de Justicia

La Junta de Andalucía inicia un estudio para conocer la igualdad de oportunidades y la conciliación entre el personal de los juzgados

03/11/2022
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La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha remitido un cuestionario a los más de 8.600 funcionarios de los órganos judiciales andaluces sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para determinar las medidas a adoptar en su Plan de Igualdad en la Administración de Justicia, un documento que será pionero en este área, tras haber abordado ya un estudio previo de carácter cuantitativo que determina que el 68% del personal funcionario de Justicia es mujer.

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuestionario, de carácter anónimo y estrictamente confidencial, ha sido consensuado en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del personal al servicio de la Administración de Justicia integrada de forma paritaria por los responsables de la consejería y de los sindicatos más representativos de la Mesa Sectorial y que se puso en marcha en noviembre del año pasado.

El plazo para rellenarlo, vía telemática a través del programa Hermes, está abierto hasta el 11 de diciembre. Las preguntas incluidas pretenden identificar los obstáculos que puedan existir en el sector para lograr la igualdad efectiva y, a partir de ellos, establecer las medidas adecuadas para corregirlos en el futuro Plan de Igualdad.

Así, la consejería pregunta en este formulario por cuestiones como el grado en el que las responsabilidades familiares influyen en el acceso a puestos de promoción interna o traslados, si el avance y la progresión en la promoción profesional así como el acceso a puestos de mayor responsabilidad es igual para hombres y mujeres, hasta qué punto la Junta de Andalucía favorece el uso de las medidas de conciliación en igualdad para los funcionarios y las funcionarias, la información transmitida sobre los derechos y medidas disponibles en materia de permisos y licencias para conciliar o si las medidas actualmente existentes son suficientes.

Además, se busca diagnosticar en qué grado las personas que se acogen a medidas como la reducción de jornada tienen las mismas oportunidades de promoción y desarrollo profesional o hasta qué punto la rebaja salarial disuade para acogerse a este tipo de medidas.

También se pregunta sobre el teletrabajo para conocer si es una herramienta útil para el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, si el porcentaje de jornada que actualmente se permite realizar en esta modalidad es suficiente y las dificultades que conlleva el ejercicio del teletrabajo para conciliar.

Otro de los aspectos incluido en el cuestionario es el acoso sexual. La consejería quiere saber si los funcionarios conocen el protocolo existente con indicaciones sobre cómo proceder y a dónde dirigirse ante estas situaciones, si han visto algún caso, si se imparten suficientes cursos de formación al respecto, si observan un uso sexista o discriminatorio por razón de sexo en el lenguaje oral o escrito utilizado en su centro de trabajo.

EL 68% DEL PERSONAL FUNCIONARIO ES MUJER

Finalmente, se testea la opinión sobre la utilidad que los funcionarios de Justicia creen que tendrá un Plan de Igualdad para fomentar la conciliación y evitar situaciones de acoso sexual, discriminación por razones de sexo o desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Una vez que se obtengan estos resultados cualitativos, se unirán al estudio cuantitativo y que permitió constatar que el 68% del personal funcionario es mujer, para poder determinar cuáles son las medidas a abordar. Unas medidas que se decidirán en el seno de la Comisión Negociadora con el consenso de los sindicatos y que permitirá a la Administración de Justicia contar por primera vez con su Plan de Igualdad.

Así, el documento contemplará un conjunto de objetivos, medidas y acciones, debidamente planificadas y con coherencia entre ellas, para avanzar progresivamente en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El Plan tendrá una vigencia inicial de cuatro años, tras los cuales será objeto de revisión y evaluación, que dará lugar a la elaboración y aprobación de un nuevo plan con igual período de vigencia.

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