El Tribunal Supremo ha resuelto que no ha lugar al recurso de casación formulado por un varón, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a dos años de cárcel por un delito de estafa cometido al orquestar la venta de un camión autobomba a una empresa, "pese a saber que ese vehículo no era propiedad" de la entidad para la que él trabajaba "ni iba a disponer de el", fruto de lo cual habría obtenido 243.600 euros sin que entregase finalmente el vehículo.

El Tribunal Supremo ha declarado la no admisión de un recurso de casación de un varón, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a dos años de prisión por un delito de estafa agravada, cometido sobre dos varones a quienes ofreció invertir en "productos financieros de alto riesgo, en particular operaciones binarias", a través de una sociedad carente de autorización para dicha actividad e incluso de trabajadores, quedándose finalmente con el dinero entregado por las víctimas.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha fallado que Banco Santander debe responder por ocho multas que se impusieron a Banco Popular hace años, al ser el heredero de sus responsabilidades jurídicas tras su absorción, según figura una sentencia dictada en julio a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a cuatro personas por un delito leve de usurpación cometido al ocupar un vivienda de Alcalá de Guadaíra propiedad de un banco sin autorización del mismo, tras haber alegado una de las condenadas que no le constaba la "voluntad contraria del titular (del inmueble) a su ocupación" y avisando de "la desidia del denunciante, que ha dejado transcurrir cinco años hasta la interposición de la denuncia".

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia, que condena a dos varones a un año de cárcel cada uno de ellos, por un delito de lesiones cometido al agredir a un tercero en La Puebla de Cazalla y causarle "policontusiones, contusión nasal, herida superficial en dorso y fractura de huesos", entre otras lesiones.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa, que condena a un varón a seis meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial cometido al ser sorprendido conduciendo un turismo en La Puebla de Cazalla pese a que "carecía de licencia en vigor por pérdida total de los puntos", tratándose de la tercera condena que recae sobre este varón por hechos similares.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Aspectos constitucionales de la vacunación a la luz de la pandemia de COVID-19” en la que se estudian los aspectos constitucionales de la vacunación a la vista de la experiencia de la pandemia de la COVID-19 con especial atención al equilibrio entre la protección individual y colectiva de la salud de acuerdo con los estándares de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Orden INT/985/2023, de 16 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía (BOE de 17 de agosto de 2023). Texto completo.c

Decreto 67/2023, de 11 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia del Principado de Asturias y sus órganos de apoyo (BOJA de 16 de agosto de 2023). Texto completo.

Decreto 70/2023, de 11 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación (BOJA de 16 de agosto de 2023). Texto completo.

Del 4 al 6 de septiembre se celebrará, dentro del Programa de Cursos de Verano de la Universidad de Santiago de Compostela, el curso “II Protección y maltrato animal. Una perspectiva actual de las normas y actuaciones desde el ámbito legal y veterinario”.

La Agencia Española de Protección de Datos aprueba las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Iniciativas y Buenas Prácticas para la protección de las mujeres frente a la violencia digital. El plazo de presentación de los trabajos concluirá el 15 de octubre de 2023.

No ha lugar al recurso interpuesto por el acusado, condenado por la comisión de los delitos de malversación en caudales públicos y falsedad en documento oficial. Por lo que se refiere al primero de los delitos, para Sala no existe duda que en el comportamiento del recurrente está presente un ánimo de enriquecimiento, pues, por sus funciones en la Corporación local de la que era funcionario, y formación, conocía perfectamente que no podía autoasignarse gratificaciones por justas que pudieran parecerle.