SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La norma pone el foco en la importancia de una mayor oferta, tanto para compra como alquiler y que este sea "asequible" además, aspira a movilizar las cerca de 50.000 viviendas vacías de la región (el 14% de las edificaciones) con incentivos, ayudas y garantías públicas para los propietarios, a favorecer el acceso a colectivos vulnerables y a "proteger" al propietario frente al 'okupa'.
En este sentido, se prevé un desalojo "inmediato" por parte de la Policía Local también cuando la ocupación sea "flagrante", la creación igualmente "inmediata" de una oficina de atención a las víctimas -también de 'inquiokupación-, además de un teléfono que habilitará ya en las próximas semanas, e impedir que personas condenadas por estas prácticas accedan a ayudas sociales.
El texto, que contempla asimismo incentivos, ayudas y un régimen sancionador -con por ejemplo multas de hasta 90.000 euros para quien destine una VPO a alquiler turístico- ha recibido luz verde en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y se remite hoy mismo al Parlamento autonómico para su tramitación y que la ley salga adelante "cuanto antes" y "lo más consensuada posible" con la idea de que pueda "durar en el tiempo".
Por ello, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que gobierna en minoría, ha apelado al "diálogo", "sensatez" y "ánimo constructivo" de los grupos de la oposición para buscar el "franco acuerdo" en torno a esta norma y al margen de "ideologías contaminantes".
Lo ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha anunciado la aprobación del proyecto de una ley "integral, moderna", que busca ser "eficaz y garantista", y que se suma -ha destacado- a un "arsenal" de medidas puestas en marcha en la materia y que constituye "un nuevo revulsivo".
Ha estado acompañada por el consejero de Vivienda, Roberto Media, que, según ha indicado, el texto "a grandes rasgos gustaba" al PRC aunque consideraba que había aspectos que "pulir". Y mientras espera que Vox también se sume, no ve "tan fácil" en cambio que lo haga el PSOE, sobre todo si "sigue directrices desnortadas" de la dirección del partido nacional.
En este punto, Buruaga ha destacado que la norma nace con "la solvencia y el respaldo" de asociaciones y entidades que han "enriquecido" el texto con sus alegaciones en el periodo de información pública.
En términos generales, ha subrayado que el proyecto fomenta la vivienda protegida, la rehabilitación y la regeneración urbana, apuesta por la colaboración con la iniciativa privada para facilitar a los cántabros una vivienda "digna y asequible", y promueve la simplificación administrativa, avanzando en la declaración responsable para agilizar trámites en la calificación de viviendas protegidas.
Y en materia de seguridad jurídica, la presidenta ha detallado que la norma establece medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiokupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real. "Esta ley protege al propietario frente al 'okupa' y no al revés", ha sentenciado.
NOVEDADES MÁS DESTACADAS DE LA LEY
Por su parte, el consejero de Vivienda ha detallado las principales novedades de una ley que, a su juicio, constituye una "solución legislativa para reforzar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y atender adecuadamente a la demanda".
El fomento del alquiler asequible es uno de los grandes objetivos de la norma, que se articulará a través de la colaboración público privada, siguiendo la fórmula ya aplicada en 212 de las 285 nuevas viviendas que el Ejecutivo está promoviendo en seis municipios.
Además, se recupera el régimen de vivienda a precio tasado que permitirá acceder a vivienda protegida a sectores de población que superan los límites de renta establecidos, pero "tienen serias dificultades para acceder al mercado libre". También se impulsarán modalidades de acceso alternativo como el coliving o cohousing.
Del mismo modo, la ley actuará para movilizar viviendas vacías dando incentivos y garantías a los propietarios como la fijación de la renta de alquiler según precio de mercado en vez del índice de referencia del Ministerio de Vivienda, que "está completamente desfasado", según el consejero, y estableciendo ayudas al pago del IBI y de los gastos de comunidad.
Una de las novedades más importantes radica en el reconocimiento de situación de emergencia habitacional y, por tanto, con derecho a todos los programas de ayuda, a aquellos colectivos que hayan perdido sus viviendas o no puedan usarlas por motivos de incendios o catástrofes naturales.
Y se habilita como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a aquellos profesionales de servicios básicos que no cumplen los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, pero tienen dificultades para acceder en el mercado libre, como es el caso de médicos para reforzar hospitales o centros de salud, guardas forestales, profesores, veterinarios y farmacéuticos entre otros.
El texto se refiere también al parque público de vivienda, donde se regularán "con precisión" los procedimientos de adjudicación, los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, además de reforzar la condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de todas las viviendas y, en aplicación de Ley de Simplificación Administrativa, se extiende la figura de la declaración responsable basada en "la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas". También se reforzará el servicio de inspección y supervisión.
Otra de las innovaciones es la creación de la figura de la vivienda rural protegida y del Plan de Vivienda Rural, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de los pueblos, para dinamizar los núcleos con problemas de despoblamiento y envejecimiento de la población.
LUCHA CONTRA LA OKUPACIÓN
La lucha contra la 'okupación' incluye medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas ante "vulnerabilidad real".
En cuanto a la oficina de apoyo a víctimas, "el Gobierno está al lado de miles de cántabros que poseen una segunda vivienda y que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler", según ha explicado Media, que ha señalado que las personas contra las que se haya dictado resolución judicial o administrativa por okupación ilegal de inmueble en los últimos cinco años no podrán acceder a ninguna de las ayudas que recoge la ley, sin incluir las medidas de asistencia social.
Por último se contempla la creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo y el Registro de Agentes Inmobiliarios de carácter voluntario.
