GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
Según una nota de prensa de Vox, la resolución judicial determina que el Ayuntamiento pretendía imponer "de facto" la oficialidad de la Llingua, tanto en el ámbito público como en el privado, "sin contar con cobertura legal y vulnerando los controles más básicos de legalidad", han asegurado.
"Además, constata que el Consistorio trató de destinar recursos económicos millonarios de todos los gijoneses sin memoria económica ni informes técnicos, lo que, en la práctica, suponía un gasto ilimitado sometido únicamente a la voluntad del Gobierno local", ha incidido la diputada en la Junta General del Principado de Asturias y concejala de Vox en Gijón, Sara Rouco.
Para la edil, esta sentencia es como un triunfo de los gijoneses frente al "sectarismo lingüístico" de la izquierda. "Hasta cinco magistrados del TSJ de Asturias confirman lo que siempre dijimos, que el Ayuntamiento cometió una grosera ilegalidad para imponer la oficialidad de la Llingua a espaldas de la ley y de los ciudadanos", ha agregado.
La portavoz de Vox ha remarcado que se ha demostrado que se intentó crear "una obligación encubierta", en lo público y en lo privado, sin el más mínimo control económico.
Respecto a este nuevo fallo judicial, que ratifica la sentencia dictada el pasado mayo, Rouco ha reivindicado que son "el único partido que ha defendido con firmeza a los gijoneses frente al despilfarro ideológico". "Esta sentencia es una advertencia clara a quienes intentan usar las instituciones como laboratorio ideológico", ha señalado.
