El proyecto de digitalización del Registro Civil ha sido liderado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración y cogobernanza con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y, en el ámbito consular, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
En concreto, se han digitalizado 431 oficiales generales, 7.700 oficinas colaboradoras, una oficina central (Madrid) y 177 oficinas consulares en más de 120 países.
Información accesible y compartida para todas las oficinas
Con este nuevo modelo, el Registro Civil se establece sobre una aplicación única en la cual se inscriben todos los hechos relativos al estado civil de las personas; se organiza la publicidad de la información registral en formato digital; y se posibilita el acceso telemático por los ciudadanos y funcionarios que son usuarios de la información que facilita el Registro.
La existencia de una base de datos única supone que la información deja de estar dispersa en los diferentes libros custodiados en las distintas oficinas del Registro y pasa a ser compartida por todas las oficinas, de modo que todas disponen de la información exacta en cualquier punto del territorio.
En la práctica, esto se traduce en un ahorro de tiempo y de costes evidentes. Antes, para conseguir un certificado, había que solicitarlo presencialmente y esperar a su emisión y firma manual. Además, solo servía una vez. Ahora, se puede pedir por internet, sin desplazarse, y el certificado puede utilizarse todas las veces que se necesite.
Una transformación estructural al servicio de la ciudadanía
Esta transformación del Registro Civil es un paso más dentro de la profunda transformación de la Justicia impulsada por el Gobierno, que avanza con otro hito como la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Un proceso modernizador que busca mejorar la calidad del servicio público de Justicia y, con ello, la vida de los ciudadanos.
