SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Se desprende así de una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que ha inadmitido a trámite el recurso del recurso de casación presentado por la mercantil contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ordenó el cierre de la cantera.
Esa resolución fue dictada hace casi un año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, al revocar las medidas cautelares interesadas por Laherrán para seguir explotando La Verde pese a la orden de cierre.
Las solicitó para evitar que se ejecutara la resolución del Ayuntamiento de clausura de la actividad, extremo que corrobora ahora el Supremo al rechazar el recurso de la empresa, por falta de fundamentación y carencia de interés casacional, según la providencia del alto tribunal, que es firme e impone las costas procesales a Laherrán, hasta un máximo de 500 euros.
Fechada el pasado 9 de julio, ha sido difundida este miércoles por Ecologistas en Acción, que ha vuelto a solicitar al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, el cierre "inmediato" de las actividades de la empresa Laherrán en la cantera de Arce.
La petición, que según la asociación también han hecho varios vecinos de la zona, se produce porque "continúa funcionando con normalidad" a pesar de la resolución del TS.
RÉCORD DE FUNCIONAMIENTO ILEGAL
"La empresa Laherrán puede ostentar el récord de funcionamiento ilegal de sus actividades en la cantera y en las empresas auxiliares, pues viene funcionando desde el año 1950", señala la entidad conservacionista, para indicar así que "lleva funcionando de modo ilegal 75 años de modo ininterrumpido".
En un comunicado, Ecologistas advierte que esta empresa "carece" de las licencias municipales obligatorias (de actividad, obra y puesta en funcionamiento) así como también de la Declaración de Impacto Ambiental, obligatoria desde principios de los años 90.
Ha apuntado que Laherrán recibió "la primera denuncia" en el 2009 del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, tras la que se interpusieron, a partir de 2015, las de Ecologistas a petición vecinal.
Un año después, el Consistorio declaró "clandestina" la actividad de molienda y clasificación de áridos así como la de extracción en la cantera de Laherrán y acordó la clausura hasta su legalización, ordenando la incoación de expediente sancionador por una presunta infracción urbanística grave.
Pero este acuerdo municipal "no se ha ejecutado", en parte debido a los sucesivos recursos de la empresa durante estos nueve años y que han sido rechazados por la justicia, según subrayan los ecologistas, que lamentan que Laherrán siga "con su actividad ilegal" en Piélagos, extremo que achacan a la Alcaldía y a su "inactividad" para adoptar medidas "efectivas" de clausura y a pesar de las "innumerables" denuncias y resoluciones judiciales.
