SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
En la reunión se han abordado las necesidades que planteará la adaptación de las fases 2 y 3 de la Ley que afecta, en primer lugar, a los partidos judiciales de Fuengirola, Marbella y Torremolinos (Málaga) que deben estar transformados a 31 de octubre y, a 31 de diciembre, las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María (Cádiz) y Motril (Granada), según una nota de la Junta de Andalucía.
La primera fase se completó el 1 de julio con la adaptación de 70 de los 85 partidos judiciales de nuestra comunidad.
Han abordado en este encuentro la adaptación del trabajo diario de los jueces a este nuevo modelo, ya que pasarán de una estructura en la que un único juez estaba al frente de un juzgado, a un modelo colegiado en el que varios magistrados conforman un tribunal.
Durante la reunión, el consejero ha abordado con el presidente del TSJA y los jueces decanos las principales necesidades al respecto en los tres partidos judiciales que deben estar adaptados el 1 de octubre, donde trabajan 250 funcionarios, y los otros 12 que se adecuarán el 31 de diciembre, con más de 5.000 trabajadores.
Nieto ha explicado que actualmente se están analizando las cargas de trabajo de las capitales y grandes ciudades para determinar dónde es necesario ampliar las plantillas y se están elaborando propuestas para remitirlas a los sindicatos con el objetivo de tener negociadas las RPT para estos partidos judiciales a mediados de septiembre para poder crear o estabilizar las nuevas plazas y convocar el concurso específico de las jefaturas.
Ha recordado que solo en materia de personal, la Junta ha destinado 3,7 millones de euros a la implantación de la reforma en los 73 partidos judiciales incluidos en las Fases I y II, si bien el nuevo modelo implica también adaptar los servidores y equipos informáticos y hacer obras en las sedes judiciales para habilitar espacios amplios y diáfanos ante la nueva estructura de plantillas flexibles.
UNA PREVISIÓN DE COSTE DE 57 MILLONES
El consejero prevé que el esfuerzo económico para las arcas andaluzas supere los 57 millones de euros. "Un esfuerzo que asumimos en solitario ya que la ley carece de memoria económica", ha recordado.
Ha lamentado que, pese a las reiteradas peticiones de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Justicia y al acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz elevado al Ministerio reclamando ayuda financiera del Estado para aplicar "una transformación radical de la Justicia, la respuesta del Gobierno ha sido yo invito y tú pagas".
Desde el 1 de julio la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, órganos colegiados y organizados en secciones y servicios comunes, funciona en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, lo que en Andalucía se traduce en su aplicación en 70 de los 85 partidos judiciales, en un 82% de la estructura judicial de la región y en los que trabajan más de 4.000 funcionarios dependientes de la Junta.
La Junta de Andalucía ha esgrimido en este punto su negociación con los sindicatos para el diseño de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en cada partido judicial, donde se han creado 81 plazas y nuevas jefaturas.
Las RPT de los tres partidos judiciales malagueños en los que la reforma entra en vigor en la Fase II, el 1 de octubre, también han sido ya negociadas y se ha acordado crear cinco nuevas plazas: tres en Marbella (dos del Cuerpo de Gestión Procesal y uno de Tramitación); una plaza de tramitador procesal para transformar el Juzgado de Paz en Benalmádena -dependiente del partido judicial de Torremolinos- en Oficina de Justicia Municipal; y otra del mismo cuerpo para la de Mijas, perteneciente al partido de Fuengirola.
La creación de estas cinco plazas supone un coste de 228.341,16 euros al que se suma el de los complementos específicos para 22 nuevos puestos de jefaturas de servicio: 7, en Torremolinos; 7, en Fuengirola y 8, en Marbella.
La convocatoria del concurso para optar a estos puestos se firmó este miércoles para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se resolverá a principios de septiembre para que entren en funcionamiento el 1 de octubre, como prevé la ley estatal.
