LA F(R)ACTURA DEL CUPO CATALÁN
El pasado 14 de julio, la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España alcanzaron un acuerdo para empezar a aplicar la denominada “financiación singular”, comenzando por el traspaso de la gestión del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña. Este ambiguo acuerdo es el primer resultado del pacto PSC-ERC de 29 de julio de 2024, en torno a la “financiación singular” y el “avance hacia la plena soberanía fiscal” de Cataluña, más y mejor conocido como cupo catalán.
El sistema de financiación autonómica no es más que el mecanismo de reparto de la recaudación de los impuestos entre el Estado y las comunidades autónomas para que se pueda financiar el gasto público y prestar los servicios a los ciudadanos. Como cualquier sistema de reparto, si una parte, en este caso, la Generalidad catalana, se queda con más recursos -por ejemplo, la totalidad del IRPF recaudado en Cataluña-, el resto de los ciudadanos, los que no viven en Cataluña, dispondrán de menos recursos. Es decir, que, salvo que se suban masivamente los impuestos, tendrán servicios públicos peor financiados.
Esto significa que las proclamas de que se “mejorará la financiación de todas las comunidades autónomas” son una falacia, al menos en un mundo de recursos limitados. Pero, además, descoyuntar un sistema fiscal no es gratuito. Y los acuerdos, tanto el alcanzado entre la Generalidad y el Gobierno de Pedro Sánchez como el político entre el PSC y ERC, inician la ruptura del sistema fiscal por el expeditivo procedimiento de fragmentar la Agencia Tributaria del Estado. Recordemos que un sistema fiscal vale en la medida en que vale su Administración Tributaria, que fragmentada vale mucho menos.
La materia prima para gestionar los impuestos es la información. Si Hacienda sabe que un contribuyente ha ganado dinero, podrá exigirle los correspondientes impuestos. Si esta información no se centraliza y no se gestiona adecuadamente, se producen cuatro efectos. En primer lugar, el coste administrativo de recaudar cada euro de impuestos se incrementa sustancialmente. Es el típico ejemplo de duplicidad que cualquier Gobierno se propone eliminar, y que ahora se incrementará. En segundo lugar, los contribuyentes tendrán mayores cargas formales y recibirán peores servicios de ayuda. Así, programas de ayuda como el Rentaweb, que permite realizar con mucha facilidad la inmensa mayoría de las declaraciones, se perderán como lágrimas en la arena.
En tercer lugar, el fraude fiscal se disparará, porque las diversas Haciendas sabrán mucho menos, y más tarde. Por otro lado, como será más complicado seguir el rastro del dinero, la lucha contra la corrupción también se resentirá. Todo esto ocurre ya en Alemania o Estados Unidos, países avanzados y con una lealtad federal que, hasta la fecha, no hemos visto en Cataluña. En 2017, como todos los lectores saben, la Generalidad intentó un golpe a la democracia. Una de las razones por las que fracasó fue precisamente que la Generalidad no tenía una Hacienda propia capaz de gestionar los grandes impuestos, que ahora el Gobierno le pretende dar mediante una OPA hostil a la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria.
Todo esto se veía venir, para el que quisiera verlo. Por eso, Jesús Fernández-Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania, y un servidor escribimos La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, 2025). Hace unos meses, a Jesús y a mí nos parecía que este nuevo ‘procés’ iba en serio, y que las consecuencias serían muy negativas para todos.
Lo primero para comprender esas consecuencias es saber de qué estamos hablando. La denominada “financiación singular” no es federal ni generalizable, sino que es un sistema de cupo (o de concierto económico) para Cataluña. Un sistema donde la comunidad autónoma, bien directamente o bien a través de las Diputaciones, recauda la práctica totalidad de los impuestos, para posteriormente pagar su contribución a los gastos del Estado en un sistema de concierto o convenio.
Como los únicos sitios en el mundo donde esto sucede son el País Vasco y Navarra, el sistema de “financiación singular” sólo puede calificarse como un cupo para Cataluña. Puede ser menos insolidario que los sistemas forales, pero, en cualquier caso, tiene como objetivo fundamental, a corto plazo, “el aumento sustancial de la financiación” de la Generalidad. Y esto únicamente puede ser a costa de los contribuyentes del resto de España, lo cual no parece muy solidario, precisamente.
Por definición, un sistema de cupo permite que la recaudación de los impuestos se quede donde se recaudan. Esto favorece a las comunidades con mayor PIB per cápita, porque tienen de media contribuyentes más ricos. Por esa misma razón, perjudicaría a las comunidades más pobres. De ahí que generalizar un sistema de cupo sólo favorecería a la Comunidad de Madrid, y menos a Cataluña, mientras que el resto de las comunidades saldrían perdiendo. Por eso nadie más se apuntará a este sistema, que no es federal sino confederal asimétrico. Por supuesto, si Madrid se apuntase, simplemente nos quedaríamos sin Estado.
La factura de extender los privilegios territoriales del País Vasco y Navarra, aunque sólo fuese a Cataluña, sería tan onerosa que nos abocaría a una dolorosa fractura económica y territorial. Como documentamos en nuestro libro, Cataluña no está en absoluto infrafinanciada dentro del sistema general o régimen común. De hecho, según los últimos datos disponibles, de 2022, Cataluña disponía de 3.822,42 euros per cápita, frente a la media de 3.398,70 euros que registraron las 15 comunidades de este régimen, lo que en parte se debe a que los catalanes soportan el IRPF más elevado de España, especialmente los más pobres. Pero, como sucede con todas las demás comunidades, esto palidece si se compara con el País Vasco y Navarra. Para equiparar la financiación per cápita catalana con la vasca harían falta del orden de 30.000 millones de euros, una cuantía sideral de la que carecemos.
Sin embargo, para obtener estos resultados no sólo hace falta tener un sistema de cupo, sino que el cupo salga negativo, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra. Hay tres razones para que esto suceda. En primer lugar, el cupo “oficial” está mal calculado y es demasiado bajo. Por otra parte, tanto el País Vasco como Navarra reciben trimestralmente de la Agencia Tributaria un “ajuste” de IVA irracional, y muy superior al cupo y a la aportación, que pasan a ser negativos en la práctica.
en tercer lugar, una parte de las pensiones se paga con impuestos, en una cuantía, que, según los últimos cálculos, excede de los 40.000 millones de euros. Pero estos impuestos proceden exclusivamente de los contribuyentes de régimen común, no de vascos y navarros. Estos contribuyentes no pagan su déficit de pensiones, que, en el caso vasco, con las pensiones medias más elevadas de España, alcanza los 5.000 millones de euros, el triple del cupo oficial.
Por eso, para que Cataluña pudiese tener una financiación per cápita equivalente a la vasca, tendría que recibir recursos fiscales del resto de España, que, de media, y con la excepción de la Comunidad de Madrid, es más pobre. Y a ello se suma, sin duda, que extender los números del sistema de cupo complicaría aún más no sólo la situación fiscal general de toda España, sino también la sostenibilidad de las pensiones.
El acuerdo entre la Generalidad y el Gobierno de Sánchez lo fía casi todo a la modificación de las leyes, comenzando por la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA. Como los impuestos se exigen por ley, no se podía esperar otra cosa. Sin embargo, este acuerdo ha legitimado una serie de pretensiones de la Generalidad catalana que no tienen razón de ser, como la de las “singularidades”, que la habilita para tener más financiación y para fragmentar la Administración Tributaria con el objetivo de obtener las “llaves de la caja” de la recaudación de los principales impuestos.
Esperemos que el Congreso rechace estas modificaciones legales para impedir en primer término la voladura, que no reforma, de nuestro sistema de financiación, y la fractura económica y social a la que nos conducirá inevitablemente. Dada la magnitud de la factura, el siguiente Gobierno debería comprometerse a derogarla de forma inmediata si llegara a aprobarse, lo que, por desgracia, no podemos descartar a la ligera.
