BRUSELAS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ya abrió expediente a España en febrero de 2023 por retrasos en la presentación de estos planes, al que siguió, en septiembre de ese mismo año, un ultimátum de dos meses para dar cumplimiento a las directivas que exigen la elaboración de estos documentos.
Ante la inacción del Gobierno, el Ejecutivo comunitario decidió, en mayo de 2024, presentar un recurso de casación ante el TJUE por considerar que el incumplimiento persistía en las cuencas hidrográficas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
La Comisión alegó que España no había revisado ni actualizado los planes hidrológicos de cuenca ni de gestión del riesgo de inundación de estas demarcaciones hidrográficas, a pesar de que el plazo para hacerlo finalizó el 22 de diciembre de 2021, y tampoco envió esos planes revisados a la Comisión antes del 22 de marzo de 2022.
En su sentencia dictada este jueves, el Tribunal de Justicia da la razón al Ejecutivo comunitario y declara que España ha incumplido ambas directivas.
Aunque el Gobierno alegó que había presentado los planes antes de que expirase la fecha límite establecida por la Comisión en su ultimátum, el Tribunal considera que España no cumplió con sus obligaciones derivadas de ambas directivas hasta que finalizó la fase escrita de este procedimiento: casi un año después de que expirara el plazo previsto en el dictamen motivado y cuatro años después del acontecimiento imprevisible que invocaba como justificación en el caso de La Palma, la erupción volcánica de septiembre de 2021.
