BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
En la sentencia, consultada por Europa Press, la Sección de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC confirma las condenas, que oscilan entre los 9 meses y los 15 años de prisión para los 28 acusados por delitos contra la salud pública, coacciones, organización criminal y tenencia ilícita de armas, entre otras.
El TSJC ratifica la condena de 15 años de cárcel y multa de 795.000 euros --13 por un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad con la que traficaron, y 2 por revelación de secretos por funcionario público-- para el inspector de Policía, que actuaba como jefe de la trama, y que estaba destinado a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).
La defensa del policía había solicitado la nulidad del auto que dio lugar a su intervención telefónica, una petición desestimada por el tribunal, que expresa que "el apelante conoce perfectamente las razones por las que se acordó la intervención de su teléfono", entre ellas, por la declaración de otro acusado, como expone la sentencia.
La defensa también mostró su disconformidad con el hecho de que se le considerase el líder de la trama, un hecho que agravó su condena, a lo que el TSJC responde que todas las pruebas, "sin género de duda" permiten aplicarle el subtipo agravado de jefatura de la organización.
Argumenta que "basta ir analizando cada uno de los hechos en los que se consigna la participación del procesado para inferir de forma lógico racional que era el jefe de la organización", posición que se encontraba muy vinculada a su condición de Inspector de la Udyco, con conocimientos y acceso a información que le permitían dirigir a sus integrantes, textualmente.
28 ACUSADOS
También ratifica la condena del subinspector jubilado, castigado con 5 años y medio de prisión y multa de 815.000 euros por un delito contra la salud pública, también agravado por la cantidad de droga con la que traficaron, pero atenuado por tener una drogadicción.
Ratifica asimismo las condenas de los otros 26 procesados, castigados con penas que oscilan entre los 9 meses y los 10 años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y coacciones.
