MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -
Así lo denunciaron abogados y procuradores durante la jornada organizada este martes por el ICAM y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), cuyos representantes advirtieron de que las disfunciones en la digitalización de los procedimientos judiciales están teniendo consecuencias directas sobre el derecho de defensa.
El acto, celebrado en la sede del ICAM, permitió poner en común los principales fallos del sistema desde la experiencia cotidiana de los profesionales y exigir una respuesta coordinada y urgente a las administraciones públicas, representadas por responsables de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reivindicó en la apertura de la jornada la unidad entre abogacía y procura frente a los retos que plantea la transformación digital del sistema judicial. "Cuando el sistema falla, fallamos todos. Abogados, procuradores y, sobre todo, la ciudadanía", señaló, según ha recogido el Colegio en un comunicado.
PREOCUPACIÓN POR LAS DEFICIENCIAS
En su intervención, el decano expresó su preocupación por "las deficiencias del actual modelo del expediente judicial electrónico, que compromete el ejercicio profesional y pone en riesgo el derecho de defensa".
Recordó que el ICAM ha trasladado esta situación al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios, y lanzó un llamamiento urgente a las Administraciones para que actúen "con celeridad, con rigor y con sentido de Estado", con el fin de garantizar un sistema digital verdaderamente interoperable y técnicamente robusto.
Desde el área de Defensa de la Abogacía del ICAM, su responsable, el diputado Javier Mata, alertó de las dificultades que afrontan los profesionales ante el actual modelo de digitalización judicial.
Mata centró su intervención en las incidencias que diariamente recibe el Colegio, muchas de ellas derivadas del desconocimiento sobre el grado de implantación del expediente judicial electrónico en la Comunidad de Madrid, la obligación de presentar documentos en formatos específicos como OCR o PDF/A, y la falta de medios, criterios técnicos uniformes y formación adecuada.
Asimismo, denunció que la obligación de consolidación del expediente por parte de los Letrados de la Administración de Justicia está generando expedientes incompletos, desordenados y sin numerar, lo que compromete la seguridad jurídica y pone en riesgo el derecho de defensa.
"Me parece absolutamente extravagante que la falta de lectura de un documento, la falta de reconocimiento por el OCR, pueda generar como consecuencia la inadmisión de una demanda", advirtió.
Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, centró su intervención en los efectos más graves que está teniendo el modelo actual de expediente judicial electrónico sobre el Turno de Oficio, especialmente en las jurisdicciones penal y social.
Frente al orden contencioso-administrativo -donde el expediente administrativo digitalizado permite un funcionamiento más ordenado-, en otros órdenes los abogados de oficio deben enfrentarse a expedientes incompletos, desestructurados y sin foliado, lo que sitúa a la defensa en clara desventaja respecto a fiscales y jueces.
Mayllo denunció además las consecuencias económicas que esta situación conlleva en procedimientos complejos, como los tramitados ante la Audiencia Nacional, donde la falta de folios certificados impide justificar la especial complejidad y acceder al suplemento retributivo.
También alertó de la inseguridad jurídica derivada de los criterios dispares sobre formatos digitales en los juzgados de lo social, y lamentó que sean los propios letrados quienes acaben construyendo el expediente digital, incluso presentando la documentación en papel el día del juicio.
DISFUNCIONES DEL EXPEDIENTE DIGITAL
Desde el Colegio de Procuradores de Madrid, la vicedecana M.ª del Carmen Giménez y el vocal de la Junta de Gobierno Antonio Sánchez-Jaúregui coincidieron en señalar que la implantación del expediente judicial electrónico está generando importantes disfunciones técnicas y jurídicas que afectan de forma directa al trabajo cotidiano de los profesionales y al acceso efectivo de la ciudadanía a la Justicia.
Giménez advirtió de los problemas derivados del uso actual del apoderamiento electrónico, que puede inducir a error y obstaculizar el ejercicio de facultades procesales esenciales, así como de las limitaciones de acceso a grabaciones judiciales a través de la plataforma Horus.
También cuestionó la validez del índice electrónico en su configuración actual, la confusión normativa que lo rodea y las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse de simples defectos de forma en los escritos, como el formato del archivo.
Por su parte, Sánchez-Jaúregui denunció que la digitalización está convirtiendo la tramitación diaria en una "gincana" para los profesionales del turno de oficio, al exigirles requisitos técnicos como el uso de formatos PDF/A u OCR incluso en documentos de escasa calidad o difícil escaneo.
