MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La declaración empieza fijando que, "como ha expresado en reiteradas ocasiones la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial, la libertad de expresión ampara la crítica de las resoluciones judiciales".
No obstante, subraya que "es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones".
En este sentido, apela a "la responsabilidad institucional a fin de no mermar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y al respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional".
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que el detonante de este pronunciamiento fueron las declaraciones realizadas el viernes pasado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Senado, cuando cuestionó la decisión de la juez Beatriz Biedma de enviar a juicio al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Bolaños, en declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Justicia, dijo que le parecía "sorprendente" porque Biedma no había esperado a que la Audiencia Provincial de Badajoz resolviera el recurso de Fiscalía contra el auto de procesamiento de David Sánchez, entre otros. "Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior", dijo.
No obstante, fuentes del CGPJ indican que en el trasfondo de esta declaración están también las críticas a la juez que investiga la respuesta a la DANA, Nuria Ruiz, al tiempo que recuerdan las críticas a las investigaciones que llevan a cabo el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Fuentes del CGPJ señalan que la iniciativa partió del sector conservador y que el sector progresista del CGPJ era reticente a emitir dicha declaración pero que, dado el precedente del pasado 1 de abril, cuando el CGPJ respondió a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sus críticas a la sentencia del 'caso Dani Alves', finalmente los vocales progresistas han accedido a emitir este pronunciamiento pero sin señalar a nadie en concreto.
