MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los recursos se dirigen contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Los gobiernos autonómicos alegan que dicho decreto no solo vulnera los preceptos constitucionales sobre cómo debe legislarse cuando se trata de derechos fundamentales, sino el régimen de distribución de competencias entre el Estado y autonomías y los principios de autonomía y solidaridad.
El pasado 29 de abril, la corte de garantías ya admitió a trámite el recurso presentado por Madrid contra este mismo decreto. Según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP es un reparto "discrecional" acordado con Junts "con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa".
El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Aduce también que es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" porque el criterio de reparto "se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas"; y al principio de autonomía financiera, "ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados".
Con todo, para el PP el real decreto "carece de justificación" porque desplaza a los menores migrantes no acompañados "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".
