Esta nueva convocatoria contará con una dotación global de 15,6 millones de euros y permitirá conceder 1.300 becas, con una cuantía individual de 12.000 euros al año durante un máximo de cuatro años. El objetivo es garantizar que el acceso no esté condicionado por la situación económica de los aspirantes, sino basado exclusivamente en el mérito, la vocación y la capacidad, tal y como establece la Constitución.
La aprobación de esta convocatoria se enmarca en el impulso continuado que el Ministerio ha dado a las Becas SERÉ en los últimos años, aumentando tanto el número de beneficiarios como la cuantía económica destinada a las ayudas. Desde su primera edición, en 2022, la inversión total se ha incrementado de 1,6 a 15,6 millones de euros, aumentando así la ayuda económica por beca de 6.600 a 12.000 euros y el número de becas convocadas de 245 a 1.300. Esta política pública se ha convertido en uno de los ejes prioritarios del Gobierno para avanzar hacia una Justicia más inclusiva, igualitaria y representativa del conjunto de la ciudadanía.
Además, el Proyecto de Ley de medidas para el fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación en las Cortes Generales, contempla el blindaje legal de las Becas SERÉ, asegurando su continuidad y estableciendo como cuantía mínima el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Apoyo económico y acompañamiento personalizado para las futuras generaciones de juristas
La convocatoria se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y las ayudas comenzarán a percibirse a partir del mes siguiente a la notificación de su concesión. Cada beca tendrá una duración máxima de doce meses, renovable hasta un máximo de cuatro años de acuerdo con las bases reguladoras.
En el caso específico de los aspirantes a la Carrera Judicial y Fiscal, las ayudas pueden complementarse con un programa de apoyo personalizado. Este refuerzo formativo consiste en la preparación individualizada a cargo de miembros en activo de las propias Carreras Judicial y Fiscal, seleccionados y remunerados directamente por el CEJ. En este caso, el importe de la beca se divide en 8.400 euros de ayuda económica directa y 3.600 euros destinados a cubrir los servicios de preparación.
El programa contempla, entre otras medidas, la asignación de una o varias personas de apoyo al opositor, así como dos sesiones semanales de preparación, que podrán ser presenciales o virtuales, en función de la disponibilidad y circunstancias tanto del alumnado como del personal docente. Esta preparación busca garantizar un acompañamiento pedagógico individualizado, que complemente la ayuda económica y refuerce las posibilidades de éxito de los beneficiarios.
Esta política pública se alinea con otras reformas impulsadas por el Gobierno en el marco de Justicia 2030, como la digitalización del sistema judicial, la creación de nuevas estructuras organizativas o la modernización del acceso a la función pública.
