Tal y como ha subrayado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la rueda de prensa, esta reforma representa, en primer lugar, un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y a atraer talento con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad, según mandata la Constitución. Para ello, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años.
Además, el Proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a una mayor homogeneidad formativa. Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos.
En el acceso por el llamado “cuarto turno” (es decir, para juristas de reconocida competencia con más de una década de ejercicio), se antepone el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio a la fase de valoración de méritos.
Y para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, regula un proceso extraordinario, cumpliendo así con los requerimientos de la Comisión Europea.
Mayor transparencia
En materia de desarrollo profesional, el Proyecto de ley regula el ascenso automático por antigüedad a los cinco años, mejora los procesos de especialización en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina la incompatibilidad para los jueces sustitutos y magistrados suplentes mientras no estén en activo.
La reforma también introduce mejoras en materia de integridad y transparencia institucional. Entre otras cuestiones, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar opositores y gestionará un registro público de estos preparadores. Se prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales y se renueva la composición de la Comisión de Ética Judicial, con una representación más equilibrada entre el mundo judicial y académico. Además, se moderniza el proceso de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, facilitando el voto telemático y limitando el voto a una sola candidatura individual por elector.
Según ha destacado el ministro Bolaños, esta norma “acerca el Poder Judicial a la ciudadanía” y permite “incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve”.
