MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Serán los magistrados de la Sala Primera, en base a una ponencia de la magistrada Concepción Espejel, quienes se pronuncien sobre la impugnación dirigida contra la conclusión décima y la recomendación novena del dictamen emitido el 22 de abril de 2021 por la Cámara Baja tras la comisión de investigación relativa a este siniestro, ocurrido el 20 de agosto de 2008.
La conclusión achacó el accidente aéreo a un "fallo sistémico" del que responsabilizó a su vez a cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento de la época, dirigido entonces por Álvarez, a la que también señalaba, exigiendo depurar responsabilidades políticas.
En esa línea, la recomendación indicaba que, "al existir dentro de la investigación realizada (...) elementos que pudieran arrojar conductas negligentes", se debía remitir su contenido y resultado a la Fiscalía para que actuara como considerara oportuno.
Cabe recordar que el accidente, el peor en la aviación española desde 1977, se investigó en los tribunales, pero en 2012, después de cuatro años, la Audiencia de Madrid archivó las pesquisas al concluir que la actuación de los dos mecánicos, a los que hasta ese momento investigaba, fue correcta.
Ya entonces el asunto llegó al TC, que inadmitió el recurso de amparo presentado por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 contra esa decisión de la Audiencia de Madrid de archivar la investigación judicial.
Fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press indican que este nuevo recurso de amparo presentado por Álvarez busca, en cambio, una restitución del prestigio de los cargos aludidos en el dictamen parlamentario al entender que ha vulnerado los derechos al honor y a la presunción de inocencia de las personas señaladas.
La doctrina inicial sobre los recursos contra las conclusiones de las comisiones de investigación parlamentarias se encuentra en una sentencia dictada en 2018 por el TC, donde anuló el dictamen de las Cortes Valencianas que declaraba responsable del accidente del Metro de Valencia ocurrido en 2006 al director de recursos humanos por vulnerar su derecho al honor.
Entonces, el Constitucional señaló que "las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados". "La actividad parlamentaria de investigación" es "de naturaleza estrictamente política", fijó.
MACÍAS Y LA AMNISTÍA
Por otro lado, ya en el Pleno que se celebrará desde el martes, el TC volverá a discutir sobre la participación del magistrado conservador José María Macías en asuntos relacionados con la ley de amnistía.
El pasado enero, Macías fue apartado, primero, del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la amnistía y, después, en aplicación de esa misma decisión, de las demás cuestiones --formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y de los recursos de inconstitucionalidad registrados por el PP y las comunidades autónomas donde gobierna.
El Constitucional aceptó así, y con los cuatro votos en contra del sector conservador, la recusación lanzada por la Fiscalía contra Macías porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció contra la amnistía en dos textos con "valor institucional".
Esta vez, los magistrados responderán a los recursos de súplica lanzados por los 'populares' contra la decisión del TC de extender automáticamente la recusación de Macías que se acordó con la cuestión de inconstitucionalidad a los demás asuntos, incluidos sus recursos. Se espera que el Constitucional se ratifique, según avanzan las fuentes consultadas.
Al mismo tiempo, el tribunal estudiará la recusación presentada por la ex consejera catalana Clara Ponsatí contra este mismo magistrado en el recurso de amparo registrado por la líder independentista ante la corte de garantías. En este caso, sin embargo, lo previsible es que el Constitucional la rechace por cuestiones procesales.
En este mismo Pleno, las fuentes avanzan que el TC se dispone a admitir los recursos presentados por el Senado por el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia.
El Senado acusó al Gobierno de modificar el texto de la ley aprobada en Cortes Generales por una "corrección de errores" que consideraba "fraudulenta" y que actualizaba las cuotas y complementos de diferentes subgrupos de magistrados.
