OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La futura norma sustituirá a la actual, que data de 2006, y, según el Principado, promueve un nuevo modelo de cooperación alineado con el contexto normativo estatal e internacional, con los principales tratados y directrices en materia de derechos humanos o con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El texto, añaden, refleja los valores de la sociedad asturiana en la lucha contra la pobreza y las desigualdades y defiende la universalidad de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la construcción de la paz como ejes vertebradores.
Además, explican desde el Principado que pone de manifiesto el papel esencial de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y otros agentes de cooperación, como las entidades locales. Igualmente, valora la política de cooperación del Principado, que ha tenido un papel fundamental para llevar a la esfera pública aspectos cardinales como la justicia social, la cultura de la paz y la solidaridad.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, han presentado este martes el anteproyecto a los miembros del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo.
La ley aboga por una cooperación feminista para impulsar decididamente la agenda de la igualdad de las mujeres a escala mundial.
El anteproyecto considera áreas geográficas de especial atención aquella en las que la cooperación asturiana ha desplegado un mayor conocimiento, nivel de alianzas, experiencia y especialización sectorial en América Latina y el Caribe, África Subsahariana, Magreb y Oriente Medio.
CAMBIO DE NOMBRE
El plan director pasará a tener una vigencia de 5 años y regula por primera vez las estrategias sectoriales. Por otra parte, el Consejo Asturiano de Cooperación permanece como máximo órgano consultivo y de participación y pasará a denominarse Consejo Asturiano de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad.
La ley mantiene el compromiso de destinar anualmente a la cooperación internacional al menos el 0,7% de los recursos propios a través de los presupuestos del Principado.
