Durante su intervención, el ministro se ha referido a los principales hitos que está impulsando el Ministerio con el propósito de acometer la mayor transformación de la Justicia en décadas, entre los que destacan el Real Decreto-ley 6/2023, piedra angular del proceso de digitalización en la Administración de Justicia y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Respecto a esta última, Bolaños ha resaltado que la norma supone una reforma radical de nuestra organización judicial, al convertirla en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de algunos juzgados.
El ministro ha destacado especialmente el impacto de la norma en el aumento de plazas de jueces gracias al modelo de Tribunales de Instancia. La nueva estructura permitirá dotar de más plazas judiciales a las secciones de los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que la creación de dichas plazas dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, lo que permitirá invertir el importe ahorrado - en torno a 400.000 euros - a la habilitación de nuevas plazas.
Además, la transformación de los más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, asistidos cada uno de ellos administrativamente por una Oficina Judicial, permite, por ejemplo, que se produzca una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones especializadas. Del mismo modo, facilita la homogeneización de las prácticas, jurisdiccionales y organizativas, de los integrantes de dichas secciones.
El ministro ha puesto en valor los avances que se están llevando a cabo para la efectiva implementación de la norma, como la organización de las plantillas de los nuevos Tribunales de Instancia, asegurando que durante este año 2025 el nuevo modelo organizativo será una realidad.
Principales proyectos de 2025
La clausura de las jornadas también ha permitido al ministro abordar otros dos grandes proyectos del ámbito de la Justicia que se remitirán próximamente a las Cortes Generales. El primero de ellos, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que tiene el objetivo de ampliar y fortalecer la Carrera Judicial y Fiscal, además de dotarla de previsibilidad, transparencia y derechos para quienes la integran.
El segundo, se refiere al Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que homologará el proceso penal de España al que existe en los países de nuestro entorno europeo.
