La orden, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 en el territorio ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), se ha firmado en un acto que ha contado con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.
El objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia a las personas con menos recursos.
El ministerio, además, se compromete a seguir adoptando todas las medidas a su alcance para mejorar este servicio y a hacerlo contando con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, con quien mantiene una interlocución constante.
Nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
En paralelo, el ministerio sigue avanzando en la tramitación del texto de reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita, y que el pasado julio superó el período de consulta pública.
La nueva norma modernizará la regulación de este servicio público. Entre otros cambios, actualizará la definición de insuficiencia de recursos que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita. También reconocerá como beneficiarios a colectivos como las víctimas de violencia de género o de violencia sexual, con independencia de sus recursos, y definirá los requisitos para que una persona jurídica también pueda contar con asistencia jurídica gratuita.
En el ámbito de la gestión, incorporará mejoras como el acceso electrónico a las Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia, en línea con el impulso a la digitalización de este servicio público.
La aprobación de la nueva ley se enmarca en la mayor transformación de la Justicia en décadas, emprendida por el Gobierno. Una transformación que se completará durante esta legislatura y que se basa en la digitalización, la modernización de su estructura, la ampliación de plazas para jueces y fiscales o el aumento y blindaje de las becas para acceder a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia.
