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TSJCyL

El TSJCyL condena a la Junta a abonar a CCOO cerca de 1.300.000 euros tras privarles Vox de subvenciones

13/03/2025
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado en favor del sindicato Comisiones Obreras en el contencioso presentado contra la Consejería de Industria, al reconocer el derecho de dicha organización sindical a recibir una subvención nominativa para su participación institucional en 2023 por importe de 1.237.702,00 euros, más la actualización anual correspondiente conforme al índice de Precios de Consumo (I.P.C.), con lo que la cifra final se elevará a casi 1.300.000.

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha sido acogido con gran satisfacción por el máximo responsable de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, quien, tras conocer la resolución judicial a última hora de la tarde de este martes, ha comparecido ante los medios esta mañana para celebrar "un gran día porque de esta forma se restituye la legalidad de aquellas actuaciones ilegales de la extrema derecha", en clara alusión al extitular de Industria, Mariano Veganzones, y el también exvicepresidente de la Junta, del mismo signo político que el anterior, Juan García-Gallardo, ambos fuera del gobierno desde julio de 2024.

Para Andrés, en declaraciones recogidas por Europa Press, se trata de una sentencia que "restituye la legitimidad y representatividad de los sindicatos mayoritarios, conforme establecen la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley del Diálogo Social", y con ello la subvención nominativa de la que en 2023 CCOO fue privado--al igual que UGT y la patronal--con la estratagema de no haber recogido esa partida en los presupuestos de la Comunidad.

"Pues bien, el fallo es tajante y sostiene que no hace falta recoger esas partidas en los presupuestos porque están garantizadas ya por ley", ha resumido el sindicalista, quien recuerda que el dinero reclamado y ahora concedido a su sindicato es una de las dos vías de financiación con que cuenta para desarrollar su actividad institucional y sindical, junto con la correspondiente a las cuotas de los afiliados.

La referida subvención nominativa--tan solo se vio privado el sindicato de la de 2023--"es para compensar la actividad negociadora del sindicato, que no solo la hace en favor de sus afiliados sino en favor de todos los trabajadores", ha incidido Andrés para justificar el derecho a recibir una partida de la que también fueron excluidos UGT y la patronal y que entiende que debería también restituirse a ambas partes en el supuesto de que hayan igualmente recurrido por la vía de lo contencioso.

Por ello, el máximo responsable de CCOO en la Comunidad considera la sentencia una victoria en el plano judicial al que se sumará este miércoles otra en el ámbito institucional, al recordar que las Cortes rechazarán este miércoles una proposición de ley para acabar con la Ley del Diálogo Social y la participación institucional de Castilla y León.

El fallo del TSJ se une, como así ha recordado Andrés, a otras sentencias como la que anuló el calendario laboral acordado por el denostado Veganzones, "que impuso festivos sin consenso con el único propósito de cargarse el Día de la Comunidad"; otra que declaró vinculantes los acuerdos del Diálogo Social, o aquella que consideró "injuriosas, innecesarias, hirientes e impropias de un cargo público" las acusaciones que el ex de Industria realizó a los sindicatos a los que acusó de ladrones que tenían que devolver lo robado.

"Gracias a Dios están fuera del gobierno aquellos que no creían en las comunidades y que desde dentro trataron de desmontarlas. Con todas estas sentencias se empieza a desmontar todas aquellas actuaciones en las que iban contra los sindicatos, los derechos de las mujeres, los inmigrantes y de todos aquellos que no pensaban como ello", ha recriminado el sindicalista, quien con respecto a esta última sentencia se ha congratulado por que Veganzones y Gallardo "están ya en su casa" pero ha pedido a ambos que, de su propio bolsillo, afronten las costas que el tribunal ha impuesto a la Junta.

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