BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
En su sentencia, el TJUE señala que la determinación de la retribución de los jueces debe tener una base legal y responder a los criterios de "objetividad, previsibilidad, estabilidad y transparencia" y que cualquier medida que se aparte de la forma establecida para su determinación debe estar justificada por un objetivo de interés general.
Además, estas medidas, que no deben dirigirse específicamente a los jueces, tienen que ser "necesarias, proporcionadas y temporales" y no pueden menoscabar la adecuación de la retribución de los jueces con sus funciones.
Así se ha pronunciado el Tribunal en relación al régimen polaco que modificó el método de cálculo de la retribución de los jueces y congeló su revalorización debido a exigencias presupuestarias vinculadas a la pandemia de Covid-19 y a la agresión rusa de Ucrania y a una demanda de dos jueces lituanos que alegan que el nivel de su retribución depende directamente de la voluntad política.
Al respecto, el TJUE recuerda que el hecho de que los jueces perciban un nivel de retribución en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial y que al adoptar las modalidades de su determinación, los Estados miembro deben cumplir las obligaciones que les impone la legislación comunitaria.
La sentencia agrega que estas modalidades deben tener una base legal y ser "objetivas, previsibles, estables y transparentes", de modo que se excluya toda intervención arbitraria de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, exigencias que también se aplican a las medidas de excepción que den lugar a la reducción de la retribución de los jueces o a la "congelación" de su revalorización.
Así, el TJUE considera que el nivel de retribución de los jueces debe ser "suficientemente elevado", en base al contexto socioeconómico del Estado miembro de que se trate y, en particular, el salario medio.
La retribución debe estar en consonancia con la importancia de las funciones encomendada, con el fin de proteger a los jueces frente a cualquier presión que pueda influir en sus decisiones y de preservarlos del riesgo de corrupción, aunque la independencia judicial no impide que su salario se fije en un nivel inferior al de la retribución media de otros profesionales del Derecho.
Las medidas que se aparten de lo dispuesto en las normas relativas a la fijación de la retribución de los jueces deben estar justificadas por un objetivo de interés general, como la supresión de un déficit público excesivo, tampoco deben dirigirse únicamente a los jueces y, además, deben ser "necesarias y estrictamente proporcionadas" para la consecución del objetivo perseguido.
Además, el Tribunal señala que aun cuando se apliquen esas medidas de carácter excepcional y temporal, la retribución de los jueces debe ser acorde con la importancia de sus funciones, pero insiste en que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si esas exigencias se han cumplido en el presente asunto, lo que, según el TJUE, parece ser el caso a primera vista.
