SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Según ha explicado la Junta en una nota, Nieto ha inaugurado junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, unas jornadas en las que juristas, investigadores académicos y profesionales que trabajan con menores infractores, han analizado la evolución del sistema en estos 25 años y los retos futuros ante los cambios en los perfiles de los jóvenes y nuevos tipos delictivos, como los relacionados con las nuevas tecnologías y las redes sociales.
El consejero ha recordado que cuando se aprobó la Ley del Menor, en enero de 2000, las comunidades asumieron las competencias de garantizar la ejecución de las medidas impuestas por los jueces a los menores en centros y servicios donde se trabaja en su reeducación. "Supuso un grandísimo esfuerzo para la Junta de Andalucía en aquel momento", ha explicado, ya que con la nueva norma se pasó de un modelo exclusivamente punitivo a un sistema en el que, sin eliminar la sanción, se primaba la reinserción. "De un sistema carcelario a un sistema más humano", ha añadido.
En este sentido, en apenas un año hubo que transformar los antiguos reformatorios, "con una imagen carcelaria y donde prácticamente se recluía a los menores que tenían algún problema con la Justicia", en Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con unas instalaciones "más humanas donde los profesionales hacen un trabajo impagable para lograr esa reinserción", ha destacado el consejero.
De los cinco centros iniciales se ha pasado a trece con 700 plazas, a las que en 2025 se sumarán otras 50 con la apertura de un nuevo CIMI en Málaga. Y frente a la mera reclusión, en estos centros los menores reciben atención psicosocial, se promueve que continúen o retomen sus estudios y realicen talleres de capacitación profesional que les abran oportunidades de futuro.
Entre 2014 y 2023, más de 7.300 menores han cumplido medidas privativas de libertad en los CIMI andaluces en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico, con plazas específicas que se incorporaron progresivamente para atender situaciones de adicciones o problemas de salud mental.
No obstante, la Junta ha destacado que "la mayoría de los jueces imponen medidas de medio abierto que van desde la libertad vigilada o permanencia en casa el fin de semana a la estancia en Grupos Educativos de Convivencia, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas".
En esta última década, casi 34.000 menores han cumplido este tipo de medidas en los recursos de la Junta, que actualmente cuenta con diecisiete Grupos Educativos de Convivencia, ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA) para el seguimiento de estas medidas y convenios con más de 220 ayuntamientos y entidades sociales para que los jóvenes realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas colaborando en los servicios municipales de limpieza, mantenimiento o parques y jardines o realizando voluntariado en ONG.
Así, Nieto ha destacado que "el sistema de Justicia Juvenil andaluz es un referente a nivel nacional y europeo", ya que en estos recursos los menores infractores cumplen las medidas, pero "aprenden herramientas y recursos para no volver a caer en situaciones de conflicto" y el 80% no reincide.
OBSERVATORIO ANDALUZ DE JUSTICIA JUVENIL
Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir mejorando y trabajando en coordinación con jueces, fiscales, letrados y profesionales de las entidades que gestionan estos centros y recursos como Ginso, Fundación Diagrama o Adis Meridianos, a quienes "se ha hecho un reconocimiento en las jornadas, así como con instituciones como el Defensor del Pueblo para afrontar los retos que plantean los cambios en los perfiles de los jóvenes y tipos de delitos". Mientras que inicialmente la mayoría provenían de entornos marginales y cumplían medidas por hurtos y robos con violencia, actualmente es frecuente que surjan conflictos en menores de familias normalizadas y los delitos más frecuentes son los de lesiones o contra la integridad moral asociados a la violencia filioparental así como a ciberdelitos.
Para ello, la Consejería de Justicia ultima la creación del Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil, el primero sobre este tema que habrá en España para realizar estudios, investigaciones y análisis de datos que permitan adecuar la intervención con los menores a las nuevas realidades.
Durante la inauguración de las jornadas, celebradas en el Caixaforum de Sevilla, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha calificado de "muy positivo" el efecto de la reforma que supuso la Ley del Menor tanto por la agilización de los procesos como por la introducción de la Justicia Restaurativa. Del Río también ha destacado el "alto nivel de reinserción" para el que considera "fundamental" los recursos desplegados por la Junta y el trabajo de los equipos técnicos profesionales que trabajan en ellos con los menores infractores.
Por su parte, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado por la reeducación y la reinserción en la Justicia Juvenil frente a otro tipo de medidas de represión, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor que ha delinquido.
Maeztu se ha preguntado por una posible reforma de la ley de Responsabilidad Penal del Menor y ha señalado que no se trata de un problema jurídico o normativo, sino un problema social, fruto y consecuencia de varios factores, y que sólo puede afrontarse y comprenderse conociendo y actuando sobre los diversos factores que inciden en el mismo. "La legislación de menores infractores nunca puede ser la solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil, y ver en ella una relación directa con el problema no es la vía más idónea para combatirlo", ha concluido.
Para el también Defensor del Pueblo en funciones, la delincuencia juvenil hay que afrontarla desde dos vertientes simultáneas; por un lado, abordando la educación de los menores de edad desde el aprendizaje paralelo de la libertad y la responsabilidad y, por otro, reprimiendo las conductas delictivas con las medidas adecuadas, pero siempre sin perder su referente educativo y de reinserción social.
