SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destaca el firme "impulso que ha tenido el Observatorio". Desde su creación en 2010, "apenas había tenido actividad, por lo que el Gobierno andaluz decidió dar contenido y utilidad a un órgano tan relevante", según ha informado la Junta en una nota.
En este sentido, se crearon dos grupos de trabajo: uno sobre ciberviolencia y otro centrado en las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, los cuales han tenido sus primeros resultados.
El protocolo de atención para mujeres con discapacidad se aprobó en 2021, pero se ha llevado a cabo una honda revisión en el seno del grupo de trabajo específico para su mejora y ya se cuenta con un borrador definitivo. El objetivo es que la atención a estas mujeres sea lo más integral y completa posible. Así, se ha abierto a más ámbitos de actuación, ya que, mientras el anterior estaba centrado en el área de actuación judicial con un modelo de intervención, itinerario y seguimiento dentro del juzgado, éste ahora se ha ampliado a sectores como la salud, los servicios sociales o educación.
También se han incorporado más indicadores de sospecha para intentar que la detección sea más eficaz y se aumenta el ámbito de los profesionales con información al respecto, con el fin de que se puedan sumar a la red de alianzas y de alerta que impulsa el Gobierno andaluz para combatir esta lacra. Del mismo modo, el protocolo tiene en cuenta hasta diez tipos de discapacidad al incorporar dos tipologías más: los trastornos de salud mental y psicosocial y la parálisis cerebral. Se busca una atención lo más integral posible.
Por otro lado, se han analizado las primeras conclusiones del estudio-diagnóstico del grupo de trabajo sobre ciberviolencia. Este estudio, coordinado por la Universidad de Málaga en colaboración con las universidades de Sevilla y Almería, ha contado con más de 1.800 cuestionarios a adolescentes y juventud andaluza entre 13 y 25 años y 20 entrevistas en profundidad a profesionales, profesorado de Secundaria, padres y madres y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Este análisis destaca que este tipo de violencia ocurre fundamentalmente a mujeres adolescentes y jóvenes, provocando un daño, especialmente, en el plano psicológico. Este diagnóstico supone una herramienta más para poder avanzar en la lucha contra la violencia de género e incide en la importancia de seguir trabajando en la concienciación y sensibilización.
OTRAS MEDIDAS
Por otro lado, el informe recoge las principales actuaciones y programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) centradas en la atención, prevención y sensibilización y que buscan contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en Andalucía. En esta línea, señalan la mejora de la atención a las víctimas con más horas de atención psicológica para las mujeres y sus hijos y más apoyo específico y adecuada a víctimas menores de edad. Además, el IAM atiende a más grupos de población, como a reclusas de la cárcel Sevilla I o a mujeres víctimas que sufren problemas específicos. Igualmente, se han realizado iniciativas para romper la dependencia económica, con la formación casi 6.000 profesionales de distintos ámbitos.
Además, hay que destacar las hasta seis campañas de sensibilización específicas sobre violencia de género lanzadas este año. Así, se insiste en la garantía desde la Junta de Andalucía desde hace años del servicio de atención inmediata para mujeres que sufren algún tipo de agresión sexual. De hecho, a finales de mes se abrirán los ocho centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, uno en cada provincia.
En el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género están representadas las distintas consejerías y órganos del Gobierno andaluz, otras administraciones, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía, los colegios profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos, entre otros agentes sociales y económicos. Entre sus funciones, se encuentran la recogida, análisis y difusión de información relativa a la violencia de género, establecer mecanismos de observación y análisis de la evolución de la violencia de género, formular recomendaciones, así como elaborar informes, estudios de investigación específicos y estadísticas para conseguir un diagnóstico lo más preciso.
Entre sus competencias también está asesorar en esta materia a la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y favorecer el intercambio y comunicación sobre violencia de género, entre organismos públicos y la sociedad andaluza en general. A esto se añade la evaluación real y efectiva para mejorar las políticas preventivas y de atención a las víctimas.
