SALVAR AL SOLDADO GARCÍA ORTIZ
La noticia de la imputación del fiscal general del Estado por auto del TS de 15 de octubre de 2024 (adoptado por unanimidad), por un posible delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, no hapillado a nadie por sorpresa. Si la politización de la Fiscalía General del Estado viene de lejos, lo cierto es que con el actual fiscal general -ya en una posición de extrema debilidad por la sentencia dictada en su contra por desviación de poder por la Sala III del Tribunal Supremo- la situación ha alcanzado cotas realmente históricas, cuando no esperpénticas. Lo más interesante, quizás, es la combinación entre el seguidismo del criterio “técnico” del Gobierno (ya se trate de la interpretación de la ley del sí es sí, de la postura de la Fiscalía sobre la posible amnistía de los delitos de malversación, o de actuaciones concretas de la Fiscalía en los procedimientos mediáticos y/o con trascendencia política que afectan al Gobierno) y su manera caciquil de dirigir la institución. Las dos cosas están íntimamente unidas.
A la manera de un pequeño caudillo el fiscal general del Estado nombra para los puestos discrecionales más importantes de la carrera fiscal a los afiliados a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales; aparta a los que no lo son; abre expedientes disciplinarios a los que molestan (caso Stampa); actúa con total opacidad y falta de transparencia; y recurre a vías de hecho para dar instrucciones particulares en interés del Gobierno (o del suyo particular). Con desenvoltura populista, confunde la institución con su persona, como demuestra un día sí y otro también. Actúa, en definitiva, como un político (populista) más. Pero, ciertamente, no es esto lo que se espera de un fiscal general, al menos según nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.
Recordemos que el Ministerio Fiscal, según el artículo 1 de su Estatuto, tiene como finalidad “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. ¿De verdad es presentable en un país de la Unión Europea tener al frente de la Fiscalía a una persona que va a ser objeto de investigación por la posible comisión de un delito? ¿Se va a investigar el FGE a sí mismo? ¿Dará instrucciones generales o particulares a los fiscales que actúen en el procedimiento que le investiga para exculparle? Lo único razonable es su dimisión.
Sin embargo, el Ministro de Justicia ha corrido a avalar la actuación del fiscal general, como si de un compañero del Consejo de Ministros se tratara, ciertamente no sin cierto fundamento (lo del compañero). Que para eso haya tenido que lanzar algún bulo de los que tanto le preocupan cuando los sueltan los demás no es ningún problema.
Merece también mención el comunicado de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales: de bien nacidos es ser agradecidos. El hecho de que la institución quede deslegitimada, comprometida y desprestigiada no parece preocuparle mucho a nadie.
