VENEZUELA: ¿RECONOCER QUÉ?
Desde la celebración de elecciones en Venezuela, tanto la oposición organizada que se estima vencedora -lo que es verosímil, pero no definitivo- como algunos partidos políticos españoles (el PP) y potentes medios de comunicación presionaron por un reconocimiento internacional de la Jefatura del Estado venezolano en la persona del candidato opositor, Edmundo González, frente al criminal dictador venezolano Nicolás Maduro.
Tal como están las cosas, sin una verificación internacional de las actas y un cotejo con las retenidas por la oposición, esa acción no es posible en términos jurídicos. Ni España ni otros Estados se pueden erigir en tribunal electoral supranacional. Por ello se le pide al Gobierno de Maduro que presente las actas de las mesas electorales y se sometan a una verificación internacional.
Además, durante las últimas semanas hemos conocido actuaciones bastante confusas y equívocas: el documento que el candidato opositor firmó bajo coacción para poder salir del país debilita cualquier presión internacional. ¿Cómo no informó de la coacción al embajador de España? ¿O sí le informó? Tenía la alternativa de haber vuelto a la vecina embajada holandesa para obtener protección frente a la coacción o frente a la trampa del mediador cómplice de Maduro. No se entiende la actuación del asilado, pues su vida y dignidad quedaban aseguradas en el interior de la embajada holandesa o de la española, aunque su inmediata libertad de movimientos quizá no.
Reconocer a un jefe de Estado, electo o juramentado, frente al tramposo que se aferra al poder del ejército, ya resida en Venezuela o aquí, no es juntar palabras. No es algo sin consecuencias graves. En derecho significa retirada de los embajadores o ruptura de relaciones diplomáticas con ese Gobierno, lo que deja desprotegidos a venezolanos y españoles en Venezuela, y supondría además asignar las sedes diplomáticas y los activos financieros al candidato opositor.
Las relaciones diplomáticas son de Estado a Estado, y se mantienen con Gobiernos efectivos, y solo se reconoce a Gobiernos efectivos. Salidos o no de las urnas. Respetuosos o no con los derechos humanos o el Estado de derecho. La mayoría de los Estados democráticos y no democráticos tienen una misma práctica diplomática a la hora de reconocer Gobiernos: el principio de efectividad. Interesan los hechos objetivos: se constata si hay una administración bajo control del Gobierno, su dominio territorial (control de fronteras, etc.) y su capacidad para mantener el orden público. No se examinan sus políticas o sus conductas criminales. La retirada de embajadores de Madrid en 1946, ordenada por la ONU, no acabó con la dictadura de Franco.
El reconocimiento, o no, de un Gobierno extranjero es una competencia gubernamental y no de los parlamentos. Así lo exige el Derecho internacional. Las relaciones diplomáticas se vehiculan a través de los Ejecutivos. El Derecho internacional no reconoce a los parlamentos como órganos que formen parte de las relaciones exteriores. Las resoluciones que aprobaron las Cámaras españolas o el Parlamento Europeo son puramente simbólicas.
Tampoco hay que pedir a un Gobierno de un Estado que califique como dictadura a otro. Son calificaciones unipersonales que puede pronunciar un miembro del Gobierno, o no, pero no debe hacerlo el Consejo de Ministros ni debe hacerse en marcos solemnes. Los gobiernos mantienen relaciones diplomáticas con otros gobiernos al margen de si son dictaduras o no. La gran mayoría de los Estados son democracias híbridas o claramente autocracias y dictaduras brutales, de las que hay varias decenas, como la de Venezuela.
Además, la Unión Europea no tiene competencia en los Tratados de la UE para reconocer ni a nuevos Estados ni a Gobiernos golpistas o no golpistas. Solo cuando hay unanimidad en los Estados miembros, el Consejo de la UE se posiciona en nombre del conjunto respecto a fraudes electorales o golpes de Estado. Por ello, cada Estado toma la decisión de forma unilateral según sus propias percepciones jurídicas y políticas en relación con Gobiernos sospechosos.
Por otro lado, y respecto al probable fraude electoral, la UE apoya la necesidad de que se verifiquen las actas; correcto. Podrá poner nuevas y más sanciones a Venezuela, pero no le corresponde derribar a Maduro. Ni a ningún otro dictador o autócrata de los muchos que pueblan el planeta (sin señalar, varios también en la UE).
La prudencia y la conciencia jurídica han guiado a los miembros de la UE para no volver a repetir el fiasco del reconocimiento ficticio de un no-presidente en 2019 -como ya advertí en este mismo periódico (Reconocimiento y Derecho internacional, 7/2/2019)-: el de Juan Guaidó, quien, para conservar su vida ante la represión venezolana, se refugió en Estados Unidos.
Es cierto que, en casos circunstanciados de guerra civil (por ejemplo, entre 1936-1939 en España), los Estados europeos democráticos mantuvieron la relación simultánea con los dos Gobiernos (republicano y rebelde) de un mismo Estado en relación con los territorios respectivos que controlaban: principio de efectividad. Correcto.
Si González no es formalmente el presidente electo, desde Madrid todavía menos (aunque tiene derecho a proteger su vida y su integridad). Para debilitarlo seguramente se movió Zapatero, el gran valedor del criminal Maduro y cómplice o cooperador necesario de la dictadura.
¿Se ha preguntado el PP qué territorio y qué administración controla Edmundo González? ¿Cómo hará respetar los tratados, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, los derechos de nuestros nacionales allí y el conjunto de obligaciones internacionales asumidas por Venezuela? Nos guste o no la forma en que Maduro le ha birlado el resultado electoral a la oposición, lo cierto es que el asilado González no puede asumir ninguna responsabilidad real de las actividades ejecutivas propias de un Estado ni participar en la sociedad internacional con la clásica acción exterior del Estado. Máxime cuando claudicó en Caracas.
Lo que no entiendo es por qué la oposición venezolana aceptó elecciones sin control internacional de cada mesa electoral. Estaba cantado que el dictador ya tenía escritos los resultados. Maduro es el jefe de una dictadura criminal. Como lo fueron el Duce, Hitler, Stalin, Ceaucescu, Gadafi, Franco, Pinochet y tantos otros, cada uno en su nivel de cantidad y brutalidad. Y debería avergonzar al ex presidente Zapatero ser su cómplice o, al menos, su cooperador necesario. Y haber intervenido en la mediación para que el candidato opositor se declarase derrotado para facilitar su exilio.
Pero no se erigen presidentes ni Gobiernos efectivos desde el extranjero. Salvo que nos embarquemos en una política de cañoneras, propia del siglo XIX, cuando EEUU quitaba y ponía Gobiernos en América con sus barcos y tropas, y los europeos enviaban los suyos a cobrar las deudas contraídas por estos países hermanos. Me recuerda a algo simbólico que hizo México cuando no reconoció al dictador que ganó la Guerra Civil en España, rompió relaciones con la España real o efectiva (las de las gentes que sufrían y sobrevivían a la dictadura de Franco) y se limitó a reconocer a nominales presidentes y ministros españoles republicanos exiliados en México. La melancolía en política también es desánimo, angustia y, al final, inútil: no hay nada.
Hablemos en serio. El PP podría asesorarse mejor y escoger sus batallas políticas y el tiempo adecuado para librarlas. Ha sobreactuado sin saber para qué ni por qué.
Sueño con una futura democracia en Venezuela. Sueño con la investigación abierta por el fiscal de la Corte Penal Internacional -aunque interminable- y con la petición internacional para que se tomen en serio los crímenes de Maduro contra la humanidad. Y deseo también una futura ley venezolana de memoria democrática que persiga e identifique a los que allí o en España ordenaron, consintieron o apoyaron la tortura, el asesinato y la desaparición de miles de venezolanos y el exilio de millones de ellos.
