VOTOS POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE
Quien esto escribe, hombre que procura huir del pesimismo, se siente un tanto escéptico sobre el acuerdo alcanzado por los representantes del PSOE y del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si los dioses mismos, al decir de Tácito, luchan en vano contra el desaliento, ¿qué no habría de suceder a los pobres mortales de ánimo quebrado y frágiles reflexiones? No obstante, trataré de discurrir acerca de ese pacto del que los medios de comunicación dieron cuenta puntual. “PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la Justicia”, fue la portada con la que ABC abrió al día siguiente de la noticia. Veamos algunos puntos de la historia.
Para empezar he de anotar que, como cabía esperar, las reacciones al acuerdo han sido distintas. Frente a las declaraciones de sus protagonistas, que profetizaron que el CGPJ recobrará el prestigio perdido y la gente, por fin, confiará en el poder judicial, otros lo censuraron, incluso con reproches de grueso calibre. “Se ha perdido una oportunidad histórica y tristemente se seguirá trasladando una imagen politizada del CGPJ”, manifestó el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. Simultáneamente, el representante de otro colectivo judicial se quejaba de que “en el CGPJ entra el amigo del político” y sentenciaba que “esto es vergonzoso”.
Según el documento suscrito por ambas partes, el primer compromiso asumido por los ‘abajo firmantes’ es tramitar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se “refuercen las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Para ello, el nuevo CGPJ, en el plazo de seis meses, elaborará, por mayoría de tres quintos, una propuesta del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial que trasladará al Gobierno, al Congreso y al Senado. El paso siguiente es que el texto se remitirá a las Cortes Generales “para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”; diligencia que por la redacción y sobre todo por la expresión “en su caso”, típica de una retórica burocrática cuyo significado es “si procediese” o “si fuera necesario”, aconsejaría dudar de la bondad del acuerdo y temer que sea una trampa para ilusos. Esto es lo que cabe deducir del comentario del ministro Bolaños cuando, preguntado sobre el particular, afirmó que “claro que el acuerdo no es vinculante”. Téngase muy presente, además, que el engaño es el instrumento de poder que mejor maneja el presidente del Gobierno, hasta el extremo de haberlo convertido en su divisa política preferida.
Respecto a los vocales nominados, ningún motivo existe para poner en duda la capacidad y honradez profesional de los veinte nombres. Es más. Conozco a varios en quienes concurren aquellas virtudes del buen juez de Azorín o a las que don Ramón de Posada y Soto, primer presidente de nuestro Tribunal Supremo, se refería en su discurso del 20 de junio de 1812, cuando señalaba que nuestras leyes quieren que los jueces españoles sean hombres sabios, honrados, leales y de buena palabra.
Ahora bien, cosa distinta son las incoherencias de un modelo de CGPJ contrario a la Constitución en la medida que lo que algunos llaman ‘apaño’ entre PP y PSOE es, una vez más y con esta van nueve, la secuela irreversible de la expresión ‘Estado de partidos’, rotundamente antagónica al concepto de Estado de Derecho. A esto, precisamente, se refería Manuel García Pelayo, presidente que fue del Tribunal Constitucional, cuando a raíz de la sentencia 108/1986, de 29 de julio, habló del grave peligro que suponía que todos sus vocales, incluso los doce que, según el artículo 122.3 de la Constitución, han de ser “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, fuesen designados en razón del peso de los grupos parlamentarios, al no responder a la configuración deseada para el CGPJ como garante de la independencia judicial. Esperemos a ver qué pasa con la designación del futuro presidente del Tribunal Supremo que, según el documento consensuado, será elegido por un mínimo de doce votos y sin candidatos sugeridos por el mandamás de turno. Esa será una magnífica oportunidad de demostrar que el edificio de la calle Marqués de la Ensenada número 8, de Madrid, no es una sucursal de las sedes de los partidos políticos.
Otra de las iniciativas pactadas es la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos para el nombramiento de determinados cargos de la cúpula judicial, lo cual permite abrigar la esperanza de que acabará con la discrecionalidad que, desde su constitución y salvo notorios aciertos, ha dado lugar a que trepase bastante mediocre, mientras espléndidos magistrados eran abandonados en el ruedo de la política. Así ha sucedido en buen número de casos, en los que el tufo partidista ha penetrado en los tribunales e impregnado algunas togas de un olor insoportable. En palabras de Eugenio Montero Ríos, ministro de Gracia y Justicia con Juan Prim, se trata de evitar que progrese ese tipo de juez que, por los tortuosos caminos de la influencia política, busca satisfacer sus aspiraciones y esgrime su flexibilidad en el cumplimiento del deber.
No es fácil saber los auténticos móviles que han propiciado la renovación del CGPJ. Pero, sean los que sean, desde la perspectiva del tiempo vivido, lo relevante es la ocasión que se nos presenta para despolitizar la justicia, una peste que viene de aquel virus del 85, cuando en plena bulimia de poder un alto cargo del partido gobernante decretó la muerte de Montesquieu. Ese fue el momento en que los miembros de la carrera judicial comprendieron que su futuro profesional iba a ser decidido por un gobierno judicial designado por la maquinaria de los partidos, como supieron que si los jueces no se liberaban de la tutela parlamentaria, pronto desaparecería la autoridad de la justicia y la noble misión de juzgar sería reemplazada por la infame de intrigar.
En fin. A mediados de septiembre tendrá lugar la tradicional y solemne apertura del año judicial presidida por el Rey. Sería muy importante que el acto se celebrase con el nuevo CGPJ. Confiemos, por tanto, en que, según lo programado, en el Pleno del 23 de julio el Parlamento proceda a la sustitución del actual por este otro recién configurado. Y que el acuerdo alcanzado llegue a buen puerto en todos los términos estipulados. No hacerlo sería un desplante al Estado de derecho y un desprecio a la ciudadanía. Aprovechemos la ocasión para que el Poder Judicial, uno de los poderes fundamentales del Estado -de ahí las mayúsculas- deje de ser tributario de otros poderes y menos del poder de los partidos políticos. Ya es hora de que sólo dependa de sí mismo y que se desentienda de tanto seudopolítico y parapolítico al uso que lo que quieren es tener jueces siervos, no jueces libres.
Termino. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el poder judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Se trata de una firme convicción asumida desde la razón, de un credo en sentido orteguiano. De ahí que quisiera concluir y así lo hago, con un deseo que proclamo a los cuatro vientos. ¡Larga vida para la Justicia, esa enferma que, tantas veces se cae, tantas veces se levanta!
