SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Lorenzo del Río, que ha presentado este miércoles la memoria anual del TSJA en el Parlamento de Andalucía, ha reconocido en declaraciones previas a los medios su "preocupación" por la situación de "estancamiento" que atraviesa la justicia, que si bien está cumpliendo una "función social muy importante" y saca adelante una "ingente cantidad de trabajo" cada día resolviendo los conflictos ciudadanos, también "se deteriora".
"Es verdad que ese salto de calidad en tiempo y en todos los procedimientos a resolver en plazos razonables no lo estamos cumpliendo", ha reconocido el presidente del alto tribunal andaluz. Ha apostado en este contexto por que se acometan las reformas tecnológicas, legislativas y procesales necesarias para que la justicia acorte sus plazos de respuesta en todas las jurisdicciones.
Junto a ello, ha llamado a "consensuar soluciones" para reducir la alta tasa de litigiosidad que arrastra la comunidad andaluza, además de activar refuerzos y órganos judiciales nuevos que "resuelvan ya todos esos asuntos que se van acumulando día a día".
La memoria anual del TSJA, correspondiente a 2023, evidencia que Andalucía se encuentra a la cabeza de la litigiosidad en España, tan solo después de Canarias. Y es que en 2023 los órganos judiciales andaluces ingresaron un seis por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.372.072, aumentando en todos los órganos jurisdiccionales.
En este periodo, los tribunales andaluces resolvieron además menos asuntos de los ingresados, por lo que ha aumentado un 16 por ciento el volumen de asuntos pendientes, dejando todo ello un escenario de "cifras récord" y "al borde del colapso", según se expone en la propia memorial del alto tribunal andaluz.
El documento ha sido entregado este miércoles por Lorenzo del Río al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y posteriormente presentado en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública. Entre otras cuestiones, en la memoria se considera "imprescindible" la creación de nuevas plazas judiciales: 15 plazas en órganos colegiados y 104 en órganos unipersonales.
