MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Son dos de los asuntos para primera deliberación que la corte de garantías abordará en el Pleno del próximo martes y que tendrán como ponentes a las magistradas Laura Díez y María Luisa Segoviano, respectivamente.
Los de Santiago Abascal impugnaron la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010, al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.
La nueva ley supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, aspecto sobre el que el TC no se pronunció al resolver el recurso del PP contra la del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
Respecto a la 'Ley Zerolo', Vox denunció que impone una obligación legal para todos los poderes públicos de implementar políticas que incorporen la perspectiva de género en el tratamiento del fenómeno de la discriminación y porque vulnera --sostienen-- la Constitución al atentar contra el derecho de los padres a elegir la educación que prefieran para sus hijos, al excluir de la financiación pública a todos los centros educativos que separen a alumnos por sexo.
La denominada 'Ley Zerolo' especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.
LEY MADRILEÑA DE TRANSPORTES URBANOS
Asimismo, el Constitucional estudiará el recurso que planteó en la anterior legislatura Unidas Podemos junto a diputados de ERC, EH Bildu, CUP, Compromís, Más País y Junts contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.
Esta ley, según la formación 'morada', que la denomina 'Ley Uber de Ayuso', debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.
Algo que, a su juicio, no ha ocurrido, ya que "prescinde de los mínimos requisitos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorgando autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid", indicaron a Europa Press fuentes de la formación 'morada'.
