BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Justicia europea responde así a una cuestión prejudicial de un Tribunal de Apelación rumano que debe decidir sobre el caso de una asociación profesional de jueces y otra de fiscales que impugnan el nombramiento de determinados fiscales encargados de llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de corrupción.
El tribunal rumano traslada que la legislación nacional impide en la práctica a las asociaciones de jueces y fiscales recurrir ese tipo de decisiones al estar supeditada la admisibilidad del recurso a la existencia de un interés legítimo privado; y pregunta si estas condiciones son compatibles con el Derecho comunitario.
En su sentencia, el Alto Tribunal europeo aclara que el Derecho de la Unión no se opone a una norma nacional que, por exigir que se demuestre un interés privado para admitir un recurso, deje fuera en la práctica a las asociaciones de jueces y fiscales.
El fallo explica que corresponde a los Estados miembro decidir quién puede ejercitar acciones judiciales, siempre que no atente contra el derecho a la tutela judicial efectiva. También aclara que aunque hay casos en los que el Derecho comunitario establece que se debe autorizar a las asociaciones representativas a ejercitar acciones judiciales (por ejemplo en causas por el medio ambiente o contra la discriminación), ninguna de estas disposiciones garantiza con carácter general a jueces y fiscales el derecho a impugnar cuestiones relacionadas con el estatuto de los jueces.
Asimismo, la sentencia apunta que el hecho de que una normativa nacional no autorice a esas asociaciones a interponer dichos recursos no basta para generar dudas legítimas en los justiciables sobre la independencia de los jueces rumanos.
