BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
Al parecer del Cicac, esta propuesta "no solo es contraria a la normativa vigente sino que perjudica gravemente" a las mujeres víctimas, a sus hijos menores y al funcionamiento del juzgado, afirma el informe que ha adelantado 'La Vanguardia' este miércoles.
La propuesta que la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha planteado en el Observatori Català de la Justícia consiste en reunir en un juzgado especializado las causas de violencia sobre la mujer de la comarca o partido judicial, que ahora asumen juzgados no especializados y que también se encargan de otro tipo de litigios.
Esto se concreta, por ejemplo, en que Gavà (Barcelona) asuma sus causas de violencia sobre la mujer además de las de Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat (Barcelona); y en sumar al partido judicial de Granollers (del que dependen 35 municipios) las causas de Mollet del Vallès (Barcelona), que conforman siete poblaciones.
El departamento también propone que el juzgado especializado de Sabadell (Barcelona), un judicial que comprende 9 municipios, asuma también las causas de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se encarga de cuatro poblaciones; y plantea tres opciones distintas para repartir el trabajo de los juzgados de Tarragona, Valls y El Vendrell (Tarragona) entre solo dos juzgados especializados.
PROPUESTA "CONTRARIA" A LAS LEYES
Ante esta propuesta, el Cicac recuerda que en 2003 la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género habilitó juzgados especializados en cada partido judicial para ganar en especialización y facilitar la proximidad al denunciar, y a su parecer la propuesta de la Conselleria es "contraria al espíritu y el objetivo de las leyes" y supone alejar el juzgado especializado de las denunciantes, lo que afirman las dejaría en una situación de más vulnerabilidad al tenerse que desplazar y propiciaría que renunciaran a denunciar.
La abogacía ha reivindicado que la proximidad de los juzgados al domicilio de las víctimas "comporta la posibilidad de que ofrezcan una atención más personalizada y sensible a las necesidades específicas de la víctima", y además critican que supondría aumentar la carga de trabajo y por tanto los retrasos en los juzgados centralizados.
